Martes, 12 Diciembre 2017 10:09 hrs
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Tiempo de Negocios

IFT a capilla por cubrir a Telcel

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            La novedad es que hay un tema muy caliente que compete al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y que se tendrá que resolver en enero entrante. El desenlace podría derivar en la destitución del titular de ese órgano regulador, Gabriel Contreras.

            Estamos hablando de la mega multa de unos once mil 989 millones de pesos que le impuso la todavía Comisión Federal de Competencia (Cofeco) a Telcel en abril de 2011, porque a sus clientes vendía servicios con tarifas muy por abajo del precio de los abonados a otras redes. O sea, discriminaba.

            El pleno que presidía Eduardo Pérez Motta terminó permutando en mayo de 2012 la multa: a cambio aceptó cinco compromisos de Carlos Slim, entre ellos reducción de tarifas de interconexión. Varias empresas se inconformaron, marcadamente Cablemás, propiedad de Televisa de Emilio Azcárraga Jean.

            Se abrieron varios litigios sobre la polémica decisión de Pérez Motta de perdonar la colosal multa. Después desapareció la Cofeco y llegó el IFT absorbiendo todas las atribuciones en materia de competencia económica en el sector de telecomunicaciones, y heredó el expediente.

            La cuestión es que Cablemás logró escalar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el caso y la máxima instancia que preside Luis María Aguilar va resolverlo en los primeros días de enero. La filial de Televisa está reclamando la repetición del acto del pleno del IFT.

            ¿Qué implica una repetición del acto? Pues la destitución no solo del comisionado presidente Contreras, sino de todo su pleno. El funcionario tendría que emitir una nueva resolución y revocar la que le están reclamando. Pero pasa que el IFT nunca se quiso pronunciar en contra de Telcel.

            Argumentó que revisó el expediente, pero no emitió una resolución como en su momento sí lo hizo la desaparecida Cofeco, aunque después diera marcha atrás en la aplicación de la multa. El punto es que los tribunales y la misma Corte le pidieron al IFT y a su pleno un pronunciamiento que no quisieron dar.

Cablemás y otros operadores exigen una sanción a Telcel por la afectación a la competencia, pero el IFT les dijo que no podía hacerlo porque la Cofece ya la había determinado. El punto es que esta papa caliente ya la tiene la Segunda Sala que preside el ministro Eduardo Medina Mora y la va fallar en enero.

MEXICANA MRO

Los líos en Mexicana MRO continúan, pues pese a que el pasado 29 de noviembre se aprobaron las Reglas de Operación del Fideicomiso, la renuncia de su ex director Marcos Rosales empieza a tomar matiz de una "renuncia obligada", pues al interior del MRO los trabajadores perciben con rareza que se han iniciado auditorías a todos los movimientos financieros efectuados dentro de la administración de Rosales y sus directivos. También han estado presentes en la base de mantenimiento en forma cotidiana autoridades de la SCT, que comanda Gerardo Ruiz Esparza, y algunos miembros del Comité Técnico del Fideicomiso. Pero resulta aún peor que ante la salida de Rosales ya se esté postulando como el próximo administrador único y director general de Mexicana MRO a Alfonso Ascencio Triujeque, síndico de la quiebra de la extinta Mexicana de Aviación, quien pese a que en más de tres años y medio no ha podido concluir el proceso de la liquidación, tampoco ha podido transferir los activos principales de la empresa, pues sus procesos de enajenación han sido declarados desiertos, y que sólo ha pagado a los empleados de la aerolínea 138 millones de pesos que no representan nada frente a los miles de millones que deberían pagarse por concepto de finiquito. Este personaje manifiesta a voz abierta que ya cuenta con el beneplácito de la Subsecretaría de Transporte, que lleva Yuriria Mascott, y de Rafael Avante, subsecretario del Trabajo, éste último con quien ya ha sostenido reuniones para este asunto. Además de Ascencio hay otros candidatos más calificados para conducir la dirección general y venta del taller. Habrá que ver finalmente a quién escogen: si al candidato más apto para el puesto, o a un títere que no ha resuelto ninguno de los asuntos para los cuales fue nombrado.

JUDICATURA VA

En el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que preside Luis María Aguilar, se investiga internamente la probable responsabilidad del juez José Díaz de León Cruz en un esquema con el que obliga a subalternos a entregar dinero para conservar su trabajo en el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la CDMX. De acuerdo con el expediente, la investigación inició en agosto pasado tras una denuncia anónima en la que una empleada reveló que le entregó al juez cinco mil pesos mensuales en efectivo por más de un año para conservar su puesto. Además de que se giró la instrucción para tomar declaraciones de las probables víctimas y se autorizó solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de Jaime González Aguadé, y a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, de Alberto Bazbaz, su intervención para indagar al juez y sus allegados. Asimismo, el viernes pasado el propio Consejo de la Judicatura Federal reconoció el desarrollo de la pesquisa, amén de que anunció sanción en caso de comprobarse al funcionario público que facilitó la ilegal filtración de documentos reservados, pues podría violar derechos humanos y la privacidad.