Lunes, 18 Febrero 2019 07:08 hrs
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¡Al hueso!

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El adalid de la cuarta transformación laboral carga un pesado talón de Aquiles: Pasta de Conchos.

Napoleón Gómez Urrutia es sindicado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como corresponsable de la tragedia, con base en la acusación que tras años de investigación y de perseguir documentos presentaron ante ese organismo continental los familiares de mineros atrapados.

De allí surgió una sentencia que obliga al Gobierno de México al rescate de los cuerpos y cuyo cumplimiento el Presidente seguramente anunciará en la visita de mañana martes a Coahuila, dado que coincide con el aniversario luctuoso de la tragedia minera.

La documentación en poder de la CIDH prueba que el yacimiento se encontraba en deplorables condiciones de seguridad, con fallas e insuficiencia en los sistemas de ventilación, pobre capacitación del personal, y, sobre todo, prácticas irresponsables de operación.

En lo medular, la mayoría de la víctimas -36- no eran sindicalizados y por lo tanto no debían efectuar las labores que ejecutaban el 19 de febrero de 2006, al momento de la explosión de gas grisú.

Lo hacían, sin embargo, porque resultaba en buen negocio para el sindicato minero que encabeza Gómez Urrutia, que recibía millonarios ingresos tanto de una cuota por cada no sindicalizado que ingresaba a la mina, como de prebendas que por permitirlo exigía a grupo México y a la contratista General de Hulla.

Existían advertencias de inseguridad de la Secretaría del Trabajo y lo comprobaba un alto y creciente índice de accidentes “con tiempo perdido”: 76 trabajadores en 2004, 60 en 2005 y 12 trabajadores en mes y medio de 2006, previo al accidente.

Sin embargo, todos los emplazamientos registrados del sindicato a Grupo México se refieren a peticiones económicas y ninguno sobre condiciones de seguridad e higiene.

Aún con esos antecedentes, el sindicato de Gómez Urrutia el 2 y el 7 de febrero de 2006 -solo días antes de la tragedia- firmó actas en que aseguró que Pasta de Conchos cumplía cabalmente las medidas de seguridad establecidas por la STPS.

Ahora, el gobierno que prohíja en sus filas a un “líder minero” que nunca ha sudado con una pala en sus manos, deberá cargar con los costos de la fundada sentencia de la CIDH.





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