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Martes, 12 Marzo 2019 06:35 hrs
» Opinión

Los Siete Jinetes del Apocalipsis Social




del mismo autor


Rafael Olivares García

*El autor es Director del Centro para la Evaluación del Desempeño Gubernamental CEDeG

                  La utilización de programas sociales gubernamentales para establecer mecanismos clientelares político-electorales es, además de un delito, una realidad actual, actuante e impune.

                  Existen diferentes tipos de anomalías:

1.- Beneficiarios que nunca recibieron los supuestos beneficios

2.- Beneficiarios a los que no llegan completos los beneficios establecidos

3.- Beneficiarios sin necesidad de recibir dichos apoyos

4.- Beneficiarios a los que se condiciona políticamente el acceso a los beneficios

5.- Personas necesitadas que quedan fuera de los padrones por no pertenecer a estructuras políticas

6.- Varios beneficiarios de diferentes programas en un mismo hogar.

7.- Beneficiarios que deben entregar una parte del beneficio (comisión o moche) al funcionario que los incluyó en el programa.

                  Dado que se trata de recursos públicos, esto es, de nuestros recursos particulares aportados al gobierno, es nuestro derecho conocer el destino y la finalidad de los bienes y servicios que producen en absolutamente todos los programas gubernamentales.

                  Conocer los nombres, CURP, domicilios y el tipo y valor del apoyo recibido por las personas beneficiadas por las instancias gubernamentales debe ser un derecho y una obligación.

                  Usted o yo podríamos verificar que no se presenten ninguno de éstos 7 jinetes del apocalipsis social descritos en un inicio, que los programas se apliquen en zonas de alta o muy alta marginación, de extrema pobreza y que lleguen en calidad y cantidad conforme a lo establecido en el programa, para el cumplimiento de los objetivos para lo cual fue creado.

                  Sólo entonces se podrá comprobar el uso político electoral de los programas sociales y se podrá terminar con el desvío de recursos públicos a estructuras partidistas.

                  Sólo entonces se combatirá efectivamente la pobreza y se dejará de invertir en programas hechos para perpetuarla con fines de dependencia.

                  Sólo entonces se pensará en destinar un mayor presupuesto al desarrollo económico que erradica la pobreza de origen y menos a desarrollo social que solamente la atempera. Actualmente los presupuestos para desarrollo social en todos los órdenes de gobierno son seis o más veces menores a lo invertido en desarrollo económico.

                  LA PIEDRA EN EL ZAPATO

                  Pero quienes manejan los programas sociales no son tontos, conocen la legislación y se escudan en ella.

                  La protección de datos personales por parte de sujetos obligados (instancias de gobierno) establece que se deberá contar con un consentimiento previo del beneficiario para el tratamiento de los datos personales. Lo que aducen los operadores de los programas sociales es que los beneficiarios en masa niegan el uso de sus datos personales por lo que solamente se publican en los padrones públicos de beneficiarios el nombre y apellidos de cada uno.

                  Lo anterior hace imposible la verificación ciudadana de los beneficiarios de dichos programas, pues aun cuando puede haber 20 Juan Hernández Pérez en la ciudad, la CURP y el domicilio permiten ubicar al único Juan beneficiario de un programa, permitiendo con ello terminar con los 7 jinetes del apocalipsis social, que multiplican la pobreza, suman a la manipulación política y restan toda posibilidad de desarrollo económico.

                  Así pues, los llamados datos personales y su protección se han convertido en un obstáculo infranqueable para la transparencia y rendición de cuentas a que están obligados los gobiernos, razón por la cual deberían nuestros legisladores actuar para que todos los beneficiarios de programas gubernamentales estén obligados por ley al uso de los datos personales necesarios que coadyuven a la transparencia en el manejo de los programas sociales y la rendición de cuentas mediante la comprobación del cumplimiento de los objetivos de dichos programas.

                  La ley no debe ser un obstáculo para la justicia.