Jueves, 04 Julio 2019 06:55 hrs
» Opinión

Ítaca

Municipios en manos del crimen

del mismo autor

  • Martes, 16 Julio 2019 06:48 hrs
  • Jueves, 11 Julio 2019 06:48 hrs
  • Martes, 09 Julio 2019 07:03 hrs
  • Jueves, 04 Julio 2019 06:55 hrs
  • Martes, 02 Julio 2019 07:11 hrs

La masacre de decenas de personas a manos de la narcopolítica en Allende en el 2011 no fue un hecho aislado.

Por su brutalidad inconcebible fue, sí, el pico más alto de la violencia desatada en Coahuila durante el período conocido como la narcoguerra, cuyos orígenes son difusos —algunos ubican su inicio en el 2006 y otros en el 2008— y cuyo fin no alcanzamos a vislumbrar, pero no fue en forma alguna un evento circunstancial.

Las autoridades se han esmerado en presentar la matanza como una catástrofe circunstancial, un evento que se salió de control y devino en una tragedia humana de dimensiones descomunales.

No caigamos en la trampa del discurso oficial: Allende fue el resultado de un proceso de descomposición que se gestó ante una sociedad aterrorizada por la fuerza del narco y una clase política indiferente —o francamente cómplice— ante el avance de los cárteles que terminaron por devorar y hacer suyas a no pocas instituciones públicas.

El estudio titulado “En el Desamparo. Los Zetas, la Sociedad y las Víctimas de San Fernando, Tamaulipas (2010), y Allende, Coahuila (2011)”, apuntala la hipótesis de que en Allende se llevó a cabo “una tragedia mucho más amplia geográfica y temporalmente”.

Elaborado por el Colegio de México, el estudio coordinado por el investigador Sergio Aguayo asegura que el expediente de Allende menciona “posibles hechos de violencia” relacionados con la masacre en otros municipios como Piedras Negras, Múzquiz, Zaragoza y Nava.

Y así fue. En estas dos últimas ciudades, al igual que en Allende, aún quedan las huellas de destrucción con maquinaria pesada de casas, haciendas y edificios a manos de miembros de los Zetas que arremetieron contra la población.

La raíz de la matanza es una catástrofe que sigue viva a través del tiempo en toda la geografía estatal. Las imágenes de negocios incendiados o rafagueados por comandos durante la madrugada del lunes pasado en Monclova confirma la existencia de ese vacío de poder que permite a los grupos de la delincuencia moverse a sus anchas.

Es el mismo vacío generalizado que en su momento permitió en Allende el dominio de los grupos delictivos.

No es casual que Aguayo y el Colegio de México integren en una misma investigación académica dos de los hechos de violencia más abominables de los últimos tiempos: la ejecución de 72 migrantes en San Fernando, en el 2010, y la destrucción —no se trata de una metáfora— de Allende y sus incontables muertos y desaparecidos en el 2011.

En uno y otro caso, como en muchos otros que se registran hoy en Coahuila y otras entidades, las raíces son las mismas: la fuerza del crimen organizado, la corrupción institucional y el vacío de poder.

La expansión de la delincuencia no atiende a las geografías municipales y estatales. Contamina lo mismo a los municipios de Coahuila, que a los de Nuevo León y Tamaulipas: no hay líneas divisorias.

El crimen busca controlar por igual las regiones rurales que las grandes zonas urbanas. Los narcos son los señores de las carreteras, los zares del desierto, los príncipes de las ciudades, las montañas y los campos. De Matamoros a Acuña, pasando por Reynosa, Allende y Piedras Negras, transitan como Pedro por su casa. Dominan toda la frontera y partir de ese corredor se expanden por todos lados.

Nadie sabe con exactitud cuál es el saldo de la violencia en las zonas más desprotegidas acosadas por el crimen.

Si el Estado Mexicano, que el jueves pasado pidió disculpas por la masacre de Allende, no puede establecer aún cuántos coahuilenses murieron en esa matanza, menos puede saber qué pasa ahora en municipios rurales donde la atención mediática es mínima y no existe un trabajo sólido, estructurado, de la sociedad civil.

En Coahuila, la violencia se generalizó como nunca en el interinato del Gobernador Jorge Torres López, cuya actitud pusilánime frente al narco permitió dramas inconcebibles como el que nos ocupa. Con Rubén Moreira en el poder cambió el discurso, se crearon instancias de atención a víctimas, pero no mejoraron las cosas.

Realizada en el 2016, la investigación de Aguayo señala que cuando sucedieron la matanza de Allende y la ejecución de los 72 migrantes en San Fernando los gobiernos municipales eran inexistentes y la “organización criminal (de los Zetas) controlaba el aparato de seguridad local”.

El Alcalde y el comandante de Seguridad Pública “eran, en el mejor de los casos, meras figuras decorativas”, señala el estudio.

A su vez, establece que las Policías locales operaban para el narco de muchas maneras: ignoraban las denuncias ciudadanas, sus agentes trabajaban como “halcones” y permitían a los jefes de plaza entrar a las cárceles para torturar dentro de las celdas o liberar detenidos. Además, cobraban cuotas en bares y cantinas, recaudaban “impuestos” por prostitución y participaban en “levantones” de personas para entregarlas al narco.

La relatoría de atrocidades espanta.

Una conclusión de esa investigación independiente debería llamar la atención de todos, especialmente de las autoridades estatales y federales: “Si lo encontrado en San Fernando y Allende se reproduce en otros municipios —y hay evidencia en ese sentido—, los gobiernos locales son el flanco más débil del Estado Mexicano”.

¿Cuántos municipios de Coahuila, Tamaulipas o Nuevo León no están hoy en la misma situación que Allende y San Fernando?

Una de las hipótesis de los ataques de los últimos días a restaurantes y bares de Monclova es, ni más ni menos, que esos negocios son propiedad de policías o ex agentes locales que pelean espacios de poder a grupos delictivos.

¿Hechos aislados?

Pareciera, por desgracia, que las raíces que originaron los dramas de Allende y San Fernando están vivas y vigorosas.

Galerín de Plomos

Debe andar preocupado Ismael “Lito” Ramos, ex Secretario de Finanzas  de Coahuila, ahora que la Auditoría Superior del Estado ha revivido las indagatorias sobre pagos a empresas “fantasma”, así como el montón de adjudicaciones directas realizadas durante el sexenio de Rubén Moreira. Y es que no sólo la ASE tiene información financiera del sexenio pasado. En las esferas federales de la Cuarta Transformación circulan desde hace semanas memorias USB con documentos de Excel con todas las relaciones de pagos realizados por la Secretaría de Finanzas en el 2014, 2015 y 2016 a 13 empresas a las que se le ha puesto la lupa.

Con dos frentes abiertos —el del Auditor del Estado, Armando Plata, y el de la Federación—la situación de Lito Ramos es, cuando menos, incómoda. Su papel de portero del “rubenato” le está pasando una factura muy cara: andar por la vida con una espada sobre la cabeza.





OPINIÓN