Martes, 23 Abril 2019 17:39 hrs
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Se demora por complejidad ley para regular archivos

En junio vence el plazo para que cada entidad cuente con dicha legislación; en Coahuila no se ha definido aún bajo responsabilidad de quién quedarían los archivos

Por: Esmeralda Sánchez

Saltillo, Coah.- Pese a que ya existe una propuesta de ley en el Congreso de Coahuila, la complejidad de armonizar la Ley Estatal de Archivos a su homónima a nivel federal, ha impedido avanzar en la aprobación de la misma, señaló el Comisionado Presidente del Instituto Coahuilense de Acceso a la información, Luis González Briseño.

Con la última reforma a la ley de Transparencia y Acceso a la Información, se estableció a nivel nacional la legislación en tres ordenamientos: Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Archivo. De los cuales, Coahuila ya cuenta con los primeros dos. No obstante, en el caso de la Ley de Archivos, sólo Zacatecas logró homologarla a la federal, y el resto de las entidades de la república aún carece de ella.

No obstante, dicha legislación entró en vigor el año pasado, y los estados tenían otro año para acomodar su normatividad, mismo que se cumple el próximo mes de junio. “Inclusive la Ciudad de México no la han emitido, porque esta ley crea un Sistema Nacional de Archivos, y poder integrarlo implica crear toda una estructura como es el Sistema Nacional de Transparencia, que tiene funcionando cuatro años,  el Sistema Nacional de Fiscalización y Rendición de Cuentas que funciona a través de los Contralores y el Sistema Nacional Anticorrupción que es el último que se ha organizado”.

Entre otras limitantes, homologar esta ley implica también emitir dos ordenamientos distintivos en uno mismo: el de los archivos de trámite y gestión y los archivos históricos, los primeros que organizan las propias dependencias y rige el mismo ICAI, y los segundos que son responsabilidad expresa del Archivo General de la Nación y los archivos de los gobiernos estatales.

Además, en ente rector de esta legislación será el Archivo General de la Nación, “y ellos tienen que acomodar cómo van a engranar el histórico con trámite y gestión: si se van a separar, cómo se usarán”. González Briseño destacó que también, no en todas las entidades funciona una homologación, “porque cómo armonizas el archivo histórico con un archivo de trámite y gestión, el histórico se determina como tal por el evento o por el transcurso del tiempo y está manejado por historiadores e investigadores; el de trámite y gestión por administradores de archivos”.

De igual formal, la ley federal no especifica de qué forma se haría la aplicación en los estados y si también correspondería al Ejecutivo ser el órgano rector de su ley, en los estados el órgano garante es la dirección de archivos; (entonces) es tanto como crear un instituto para los archivos históricos”, expuso el Comisionado Presidente del ICAI.

Por otro lado, algunos archivos por su naturaleza se diferencian de otros aún cuanto también sean de trámite y gestión, entre ellos citó los del Poder Judicial, que pueden volverse históricos después de un tiempo. “Pero generalmente estos archivos no se alinean al Archivo General de la Nación, sino a los de la Corte, porque es otra manera de clasificar”.

Respecto de si toda esta confusión podrá atrasar aún más la emisión de la ley, González Briseño dijo que espera no sea el caso de Coahuila: “la solución fácil es hacer un clon, ¿pero a quién se lo atribuyes? Coahuila funciona con un instituto de archivos, pero vas a otros lados y esa función la tiene la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas”. No obstante insistió en que la ley “tiene que salir; si ya tienen un proyecto avanzado y está acorde a la Ley General de Archivos no habrá problema, cuando sí (se batalla) es cuando no hayan trabajado nada”.

Cabe mencionar que pese a ya existir un borrador, la Ley Estatal de Archivos no ha sido compartida con el ICAI para sus observaciones como especialista en el área; aunque en sus inicios, se le asignó la función de organizar dichos archivos, misma que le fue retirada alrededor de tres años después, ante la oposición de historiadores e investigadores.


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