Miercoles, 08 Mayo 2019 18:10 hrs
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Intercambian acusaciones PAN y PRI en el Congreso

Rompen la cordialidad que habían llevado por meses y piden investigaciones en alcaldías de Saltillo y Torreón

Por: Esmeralda Sánchez

Saltillo, Coah.- Este miércoles las fracciones del Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional en el Congreso local, se enfrentaron en señalamientosde supuestas irregularidades a alcaldes emanados de ambos partidos, específicamente los de Saltillo y Torreón.

El Pleno del Congreso desechó por mayoría priísta y de otros partidos como el PRD, Morena y el independiente Edgar Sánchez, un punto de acuerdo presentado por el panista Gerardo Abraham Aguado Gómez, para exhortar al Cabildo de Saltillo iniciar una investigación en contra del alcalde Manolo Jiménez por haber incurrido en presunto peculado durante su administración al admitir como colaboradores a personas ligadas a él por parentesco; específicamente a su primo Eduardo Morelos Jiménez, como Titular de Comercio en Fomento Económico y Turismo; así como a Gloria Angélica Dávila, Subdirectora Administrativa en la Secretaría Técnica, y esposa de su primo Rodrigo Morelos Jiménez; entre otros.  

Al respecto, el Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, Jaime Bueno Zertuche, presentó un documento en el que la Contraloría Interna del Ayuntamiento de Saltillo, informa al Congreso que inició una investigación de oficio respecto a estos hechos, derivada de la presentación del mismo punto que se hizo la semana anterior.

“La contraloría interna del Municipio informó que inició una investigación de oficio, el Alcalde lo que hizo fue iniciar una investigación de oficio con las notas periodísticas que hubo de este punto de acuerdo y la publicación en la pagina de internet, no quiere que queden dudas sobre su actuar para demostrar que no existen actos de nepotismo ni de conflictos de intereses”, expuso el diputado.

Horas antes, Jesús De León Tello, Presidente del Comité Directivo Estatal de Acción Nacional, solicitó ante la Auditoría Superior del Estado que se iniciara un procedimiento contra posibles actos de nepotismo del alcalde.

Por su parte, la diputada priísta Lucía Azucena Ramos Ramos, presentó un punto de acuerdo para solicitar “a las autoridades correspondientes”, investigar los posibles actos de corrupción en los procesos de licitación y adjudicación de contratos realizados por el Ayuntamiento de Torreón con la empresa Supervisión Técnica del Norte, cuyo giro es el alquiler de vehículos, pero le fueron asignados contratos por más de 180 millones durante 2018 y 2019; principalmente por adquisición de sistemas de radiocomunicación en seguridad pública y otros sistemas de localización.

Según la diputada esto se hizo además al márgen del Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento, que ni siquiera se había instalado por parte de la actual administración; por lo que “se hizo al margen de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, y del propio Reglamento de Adquisiciones, Contratación de Servicios, Arrendamiento y Enajenaciones del municipio de Torreón”.

Además, ninguno de los contratos de referencia figuran en la página de transparencia del municipio, lo cual es una obligación del Ayuntamiento señalada en la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Coahuila; y finalmente el domicilio fiscal de la empresa corresponde a una casa-habitación, “no existen indicios de que ahí se ubique el mencionado negocio”.

A este respecto la diputada panista María Eugenia Cázares Martínez, señaló que la misma empresa fue contratada en cuatro ocasiones por el ex alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, hoy gobernador del estado; además de que los contratos en la administración por un año del actual alcalde, fueron continuidad de la administración priísta; además de que el propío gobierno estatal también ha adquirido contratos signados el pasado mes de agosto del 2018; por lo que solicitó que se anexara este dato al punto de acuerdo y también fuesen investigados estos procesos, lo que fue rechazado por la priísta al destacar que la diferencia es que dichos contratos sí correspondian al giro de la empresa.

Finalmente el punto de acuerdo fue aprobado por mayoría y rechazado por los diputados panistas.


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