¡AL HUESO!
AHMSA, extorsión modelo 4T (2)
Con un delito inventado, que además en caso de existir no amerita prisión preventiva ni contempla reparación de daño, la perversidad sexenal desencadenó una sucesión de presiones gubernamentales, que paulatinamente llevaron a AHMSA, sus empresas y una suma de otros negocios a situación de bancarrota
“Si para sostener al estado fuese necesario solo un hombre, ese estado no debería existir”. Simón Bolivar.
El drama del caso AHMSA no está en Alonso Ancira, a quien la perversidad de este sexenio ya vulneró, sino en la desaparición de la actividad industrial que representa un enorme soporte para la economía de Coahuila.
Consumada la extradición, en estrictos términos legales Ancira solamente puede ser juzgado bajo la acusación de “operaciones con recursos de procedencia ilícita”, figura en que se basó la solicitud presentada ante España.
Un delito que, como han reiterado sus abogados, Ancira no cometió y ni existe, porque los pagos por 3.5 millones de dólares a Emilio Lozoya, como consultor y gestor internacional, se realizaron antes de que fuera funcionario público, emanaron de cuentas de Altos Hornos de México y fueron regularmente reportados ante las autoridades.
Bajo consigna, un juez sumiso aceptó abrir juicio con el muy sólido argumento de que dichos pagos -utilizados por Lozoya para comprar una residencia- fueron un soborno dos años anticipado, para comprometer un sobreprecio de 200 millones de dólares en la futura compra del complejo Agronitrogenados, cuando fuera Director General de PEMEX.
En otro tiempo, habría sido mérito suficiente para llevar a Alonso Ancira a la Santa Inquisición y quemarlo en leña verde por brujo, al visualizar tal designación antes que el propio Peña Nieto.
Un delito inventado, que además en caso de existir no amerita prisión preventiva ni contempla reparación de daño. Claro, en un estado de derecho.
Esa es en síntesis la increíble litis que en el contexto de la perversidad sexenal desencadenó una sucesión de presiones gubernamentales, las que paulatinamente llevaron a AHMSA, sus empresas y una suma de otros negocios a situación de bancarrota.
Los objetivos han ido quedando claros: apropiarse de la que era la principal productora de acero del país y satisfacer la terca ocurrencia presidencial de los 200 millones, para los que no hay ningún sustento documental ni legal.
Finalmente, la familia Ancira cedió a la despiadada presión y aceptó vender sus acciones a un nebuloso grupo encabezado por Julio Villarreal, soporte financiero en las campañas del actual Presidente. Los compradores se obligaron ante Julio Scherer a pagar los 200 millones en parcialidades, durante 4 años y más intereses, como sumó el Presidente.
En diciembre, refieren los abogados, se firmó un acuerdo de compraventa que comprende el pago exigido por el gobierno y, como condición imprescindible, cesar la persecución contra Ancira, con base en la aceptación que se aseguró en una de las homilías matinales.
La presentación pública del convenio arrancó un general suspiro de alivio y abrió la esperanza de dejar atrás dos años de tensión constante.
No tardaron los problemas y los incumplimientos que caracterizan al actual sexenio.
¿Dónde y cómo justificar el ingreso de ese dinero? El Presidente dijo que lo destinaría a adquirir vacunas y le advirtieron que era como admitir la extorsión; tampoco -por sus definiciones- podría ingresar al Instituto para Robarle al Pueblo lo Recuperado.
Decidieron entonces que fuera cobrado por PEMEX y sin tener justificación contable ni jurídica para ello, la paraestatal debía enviar a la Fiscalía General una aceptación de la “reparación del daño” -que nunca existió- para poner fin al proceso penal.
Todo parecía encaminado, pero…
Siguiendo instrucciones, el agrónomo-petrolero Octavio Romero hizo confeccionar la carta y ¡oh sorpresa! por arte de magia el pago exigido ya no fue de 200 mdd, sino de 380.
En paralelo, España entregó a Ancira y aquí, además de organizar un circo mediático, se violó un tercer amparo en su favor que anuló la orden de detención y la Fiscalía hizo que el juez lo enviara a prisión.
Así, la única solución a la vista para AHMSA y lo que representa se vino abajo, desapareció la esperanza y regresó la zozobra. A menos que el gobierno recapacite y considere satisfechas la represalia y la ocurrencia.
El odio está en la cabeza del Presidente y la operación venganza en manos de Julio Scherer Ibarra, su consejero jurídico y émulo sexenal de los cerebros grises que en su momento fueron José Córdoba Montoya y Luis Videgaray Caso.
Las víctimas son los miles de familias dependientes de la actividad industrial generada por las minas y siderúrgicas, que desde hace dos años han sobrevivido bajo la presión de tener su fuente de sustento en la cuerda floja.
Si no han importado más de 300 mil muertes reales por la pandemia, para la perversa venganza política 80 mil empleos tampoco cuentan.