Colaboración Social

Un mercado libre y con la mínima regulación necesaria, pero con certeza jurídica genera inercias y resultados positivos, pero sucede justo lo contrario cuando un gobierno desprecia a la iniciativa privada, monopoliza y centraliza las actividades productivas

La noticia sobre la vacuna contra el Coronavirus por parte de Pfizer y Moderna fue una bocanada de esperanza. En los hechos nada ha cambiado todavía; el crecimiento de los contagios sigue rampante y el fantasma de los confinamientos y restricciones sociales y económicas vuelve a rondar. Aún así, la mera idea de ver la luz al final del túnel es suficiente para que se escuchara un suspiro de aliento y la esperanza retornara.

La velocidad del desarrollo no tiene precedente y ha impresionado hasta a los mismos científicos. Para acelerarlo ha sido esencial una colaboración científica que tampoco ha tenido precedente en la historia. La tecnología ha habilitado el rápido y masivo intercambio científico, pero ha sido el interés común de gobiernos y empresas, universidades, centros de desarrollo científico y laboratorios comerciales a nivel global lo que lo ha potencializado.

La competencia por ser el primero en tener una vacuna no ha sido detrimento para la colaboración, al contrario, ha sido un estímulo. Las naciones han competido por tenerla primero, la industria, con una gran cantidad de jugadores privados y públicos, laboratorios, centros de investigación y universidades, se han enfrascado en una carrera sin igual. La fragmentación, diversidad y competencia fue un promotor de la colaboración hacia el resultado, no un detractor.

No podía existir momento más oportuno para demostrar, de nuevo, que el libre mercado, con reglas claras para la competencia sana e instituciones que las hagan cumplir es, al contrario de lo que algunos lideres políticos y teóricos económicos, un promotor de la colaboración ciudadana que ha llevado a países a ofrecer un alto bienestar y desarrollo a su población.

La libertad económica y la promoción de la iniciativa privada es un motivador para la colaboración social, al revestirse de estado de derecho; un marco jurídico justo y equitativo, y la aplicación efectiva y oportuna de la ley, genera el ambiente social de confianza que hace de la colaboración el motor de la innovación, la productividad y el desarrollo.

Un mercado libre y con la mínima regulación necesaria, pero con certeza jurídica, acrecienta los incentivos para que haya gran cantidad de jugadores en cualquier actividad económica. Así se genera un incentivo para innovar y adoptar prácticas que incrementen la productividad y la generación de valor. Las apuestas de innovación que puedan resultar erróneas tienen bajo impacto en la totalidad del mercado, lo que hace que sean fácilmente superables; las cadenas de valor se desarrollan a través del aprendizaje y la especialización, la que se pone a disposición de la propia cadena. La colaboración vertical y horizontal resulta en un ecosistema con alto conocimiento – “know how” – y en constante desarrollo. El resultado, invariablemente, es el beneficio de la sociedad al generar mayor valor y consumir mejores productos. 

Cuando un gobierno desprecia a la iniciativa privada, monopoliza y centraliza las actividades productivas, con el argumento del interés nacional; de crear economías de escala y subsidiar a grupos específicos de la sociedad, sucede justo lo contrario; las apuestas centralizadoras bajo el mando del gobierno son grandes y costosas, toman muchos recursos de la sociedad y los aplican de forma ineficiente.  Políticamente, los errores son inaceptables, tanto por el costo económico como por el costo político de aceptar la decisión equivocada. Se incentiva ocultar el error y no reconocer los costos. Es más fácil para el político o servidor público montar un error sobre otro, hasta que el sistema se vuelve insostenible. El derrumbe es tan grande que se trae consigo a regímenes enteros, exponiendo, súbitamente, los altos costos económicos y sociales que les han impuesto a la población.

La noticia de la inundación de las propiedades en Tabasco, y México, fue un triste ejemplo de ello. La cadena de decisiones de un gobierno que intenta centralizar y monopolizar la energía en torno a la CFE y Pemex lo llevó a imposiciones equívocas por funcionarios de escritorio, sin conocimiento ni interés en ello, que destruyeron la vida y las esperanzas a los más pobres de México.