¡Al Hueso!
En la Carbonífera, Ley de la Selva
La entidad se mantiene en la cabeza de cualquier análisis de seguridad pública en el país, pero hay casos en los que reaparecen viejos vicios que representan una advertencia de perder lo logrado
“No estoy contra la policía; simplemente les tengo miedo”. Alfred Hitchcock
Hay reconocimiento general a la actual administración estatal en materia de seguridad pública, tarea de gobierno que en lo medular ha recibido seguimiento personal y puntual del propio Gobernador.
En época de “vacas flacas” ha sido notorio el esfuerzo en materia financiera, tanto para mejorar las condiciones salariales y de vida de quienes sirven en las distintas policías, como para dotarles de adecuado equipamiento.
Se ha buscado cerrar espacios a los “estímulos” monetarios de los delincuentes, como a que los efectivos, con una menor capacidad de respuesta, se vean disminuidos ante ellos.
Constituyó en una lección para los delincuentes y para el país el caso Villa Unión, al mostrar la decisión de Coahuila de no regresar al oprobioso pasado de inseguridad, con áreas del estado que los cárteles controlaron con total impunidad.
Como resultado, la entidad se mantiene en la cabeza de cualquier análisis de seguridad pública en el país.
Pero no todo es color rosa.
Pese a cambios de nombre y de cabezas, subsisten y reaparecen viejos vicios que han manchado la actuación policial y la procuración de justicia, con excesos y violaciones a las garantías básicas que representan una advertencia de perder lo logrado.
Ejemplo fueron los sucesos de fines de la semana antepasada en Sabinas, sobre los que no hubo información oficial, donde elementos de la denominada Policía Civil y de la Fiscalía General del Estado efectuaron una redada aparentemente de combate al narcomenudeo.
Sin constancia de órdenes de jueces, realizaron cateos y detenciones ilegales de al menos 18 varones que, de acuerdo con dirigentes mineros y testimonios de aterrorizados familiares, fueron golpeados, extorsionados, les robaron celulares y pertenencias, para finalmente, sin acatar las normas emergentes de salud, confinarlos hacinados en distintos lugares e inventarles delitos.
Como es clásico, apareció el abogado “amigo”, avisado por los propios agentes, para ofrecer a las familias su gestoría con pago adelantado para un “arreglo”, a fin de disminuir los supuestos cargos por los que serían acusados, oferta que solo siete pudieron asumir.
Normal también, brilló por su ausencia la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ente minusvalidado que dista diametralmente de la personalidad y espíritu garantista que le infundió su primer presidente, el maestro Javier Villareal Lozano, recientemente fallecido.
Si hay entre ellos alguno efectivamente culpable de delito, la actuación de los elementos de ambas corporaciones, ejemplo de las peores conductas policiales, no se ajustó a derecho y en un sistema judicial pulcro bastaría para desechar toda acusación y castigar a los agentes.
De acuerdo con señalamientos de dirigentes mineros y activistas regionales de derechos humanos, en los poblados de la Región Carbonífera son constantes los abusos, extorsiones y amenazas, particularmente de los agentes de la policía del Estado y de la Fiscalía, a los que señalan incluso de controlar negocios negros.
En la seguridad de impunidad plena, en esta ocasión llegaron al extremo de amenazar a los familiares si buscaban protección para las personas detenidas y, con un juez “a modo”, no les permitieron siquiera acceso a las audiencias celebradas el pasado fin de semana.
El caso con todas sus irregularidades fue presentado ante instancias internacionales y no sorprenderán pronunciamientos que dejarán a Coahuila como “farol de la calle” en materia de seguridad, a raíz de los excesos e impunidad de sus policías.
Son prietitos en el arroz que, por falta de adecuado control o mala preparación de los elementos policiales, lastran el compromiso de entrar a una nueva etapa en la relación entre el poder y la ciudadanía en materia de justicia.
Todo lo que se haga por fortalecer la seguridad pública es loable, pero debe ser dentro del marco del derecho, con acatamientos estricto de las normas y procedimientos que en ella se establecen, con respeto integral a las garantías de los individuos y sanciones a quienes las violen.
No podemos pregonar un paraíso cuando los responsables de garantizarlo aplican la ley de la selva.