Opinión
Viernes 29 de Marzo del 2024 09:05 hrs

“Fast Track”


Con la lógica del rendimiento electoral de corto plazo, es como toma decisiones el gobierno de López Obrador. Y para ello se ha propuesto eliminar todos los candados ciudadanos y contrapesos que se han construido

Según mis cálculos, la tarifa de luz residencial incremento más de 6% de octubre del 2020 a la fecha. Aquí, si que es según mis cálculos, porque, por más que busqué no pude encontrar información clara, concisa y que permita a un usuario doméstico saber con claridad si lo que esta pagando en su recibo de luz corresponde realmente a la energía eléctrica que consume.

El director de la CFE no es un paladín de la transparencia, el acto por el que será recordado a lo largo de la historia de México será la caída del sistema electoral mexicano en 1988 que se considera como la gota que derramó el vaso hacia la transición democrática que, curiosamente, lo llevo junto con López Obrador, de vuelta a las esferas más altas del gobierno 30 años después.

Esta cultura ha permeado de tal forma que, simplemente no hay manera en que la tarifa aplicada en el recibo de luz coincida con las tarifas publicadas en la propia página de la CFE. Así como en el 1988, la confusión es la mejor amiga de la opacidad.

La caída del sistema de aquella elección causó tal indignación social que el gobierno no tuvo mas opción que abrirse a la ciudadanía. El Instituto Federal Electoral fue la punta de lanza que permitió un acceso gradual de aquellos que no eran parte del sistema cerrado, exclusivo para la nomenclatura priista que se cubría la cola mutuamente, el acceso al poder y la administración publica.

Poco a poco el ejercicio de gobierno tomó un carácter más ciudadano incluyendo a expertos en temas tan relevantes como la energía, las telecomunicaciones, los derechos humanos y la transparencia, en organismos reguladores que podían, o no, tener la capacidad de emitir resoluciones vinculantes y que, en el mejor de los casos, sancionaban los excesos del poder, en el peor, lo denunciaban.

Durante el periodo en que México ha tenido alternancia se han cometido muchos errores, no hay gobierno del siglo XXI que no pudo haber hecho mejor las cosas o que tomó alguna decisión cuya consecuencia no dio el resultado deseado. La deuda histórica que el Estado Mexicano tiene en temas de seguridad, justicia, equidad y oportunidades es insultante.

Pero algunas cosas iban avanzando bien. Algunas cosas trajeron beneficios reales a la población y le permitieron el acceso a un mayor bienestar en el corto plazo. Algunos cambios, otros, se previeron como procesos de largo plazo, que tomarían décadas y generaciones para que el beneficio fuera perdurable.

La educación, la infraestructura, el estado de derecho y la seguridad personal y patrimonial se construyen con decisiones de política pública de largo plazo. Son como el drenaje pluvial de una ciudad, a ningún gobernante le gusta invertir en ello porque no se ve y no se puede presumir. Prefieren las obras visibles y que dan rendimientos políticos y electorales en el corto plazo aunque a largo plazo, en la primera tormenta, los daños a la población sean insufribles.

Con esta lógica, la del rendimiento electoral de corto plazo, es como toma decisiones el gobierno de López Obrador. Y para ello se ha propuesto eliminar todos los candados ciudadanos y contrapesos que se han construido desde aquella caída del sistema, donde Bartlett le bajó el “switch”, a la fecha.

Así como los programas sociales reparten dinero discrecionalmente de acuerdo al censo electoral de los Servidores de la Nación, el gobierno en turno busca premiar a amigos y castigar a detractores con el presupuesto, los proyectos, la seguridad y la energía. Es en esta última, la energía, donde no ha encontrado la fórmula para imponer su voluntad y de ahí la urgencia de empujar la iniciativa prioritaria con la que nos recibió febrero.

Los decretos con los que ha intentado regresar al monopolio de estado del cual estábamos logrando librarnos están congelados en la SCJN por ser inconstitucionales, contravenir acuerdos internacionales, ser claramente retrogradas y antiecológicos.

Ahora intenta a través, de modificación de la Ley de la Industria Eléctrica “fast track”, otra embestida contra el sentido común que solo se justifica por el uso electoral que le puede dar el tener el control completo de la energía del país.






OPINION

Fuenteovejuna

Es tal su protagonismo en este fin de sexenio, que no debería sorprender si YSQ aparece hoy en el papel de Cristo crucificado en el calvario de Iztapalapa.

www.infonor.com.mx