Jueves, 04 Abril 2013 09:12 hrs
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México en el Mundo

El Periódico El País, en su portal de Internet publica:

 

Maestros mexicanos aumentan la presión contra la reforma educativa

 

Una parte de los maestros de México aumenta la presión sobre el gobierno de Enrique Peña Nieto para frenar la reforma educativa que resta poder a los sindicatos. Dos Estados del suroeste del país, Guerrero y Oaxaca, han reanudado sus protestas, con tomas de emisoras de radio y el anuncio de una marcha en la capital para este jueves, respectivamente.

 

"El Gobierno de la República no va a permitir retrocesos en su aplicación- Ningún intento de presión podrá o pondrá en riesgo la formación y desarrollo de las nuevas generaciones", ha advertido Peña Nieto en el foro nacional México con educación de calidad para todos. El secretario de Educación Pública, Emilio Chuayfett, señaló que el Ejecutivo puede despedir a aquellos empleados que no acudan a su puesto de trabajo "injustificadamente".

 

Los miembros de la de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero (CETEG) reaccionan al rechazo por parte del Congreso estatal de una alternativa a la Ley General de Educación. La había presentado el gobernador, Ángel Aguirre -ex militante del PRI pero elegido como candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD)- y proponía la creación de un instituto propio de evaluación para evitar someterse al organismo "independiente" que quiere Peña Nieto. Aguirre cedió a las movilizaciones de la CETEG la semana pasada, en pleno inicio de las vacaciones de Semana Santa. Los maestros bloquearon durante nueve horas la Autopista del Sol Cuernavaca-Acapulco, una popular vía de salida de Ciudad de México. Durante más de treinta días, además, tomaron el palacio de Gobierno de Chilpancingo, capital del Estado.

 

El sindicato respondió a la negativa del Congreso con la toma de cuatro emisoras de radio de la capital. En el caso de Radiorama, se trataba de un grupo de unas 60 personas que se comportaron de forma "muy agresiva", según el equipo de informativos. La radio accedió a cederles 10 minutos en el aire, que los maestros emplearon en denunciar la "traición" del gobernador y los legisladores y a anunciar nuevas movilizaciones. Unos 300 policías resguardan el Palacio de Gobierno y el Congreso para evitar nuevas acampadas, aunque los manifestantes han roto cristales de la Cámara con palos y piedras y han dañado varios vehículos, según el diario El Universal.

 

Oaxaca también está en pie de guerra. El gobernador, Gabino Cué, entregó una propuesta de reforma a la ley federal que incluye un sistema de "evaluaciones tropicalizadas". El político, que llegó al Gobierno como candidato opositor al PRI, ha redactado la propuesta en colaboración con la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el más grande de América Latina. Cué precisó que la iniciativa no es una "contrarreforma" y que tampoco es producto de "una mesa de negociación, ni mucho menos de presión". Mientras tanto, los maestros han tomado centros comerciales y restaurantes y han anunciado una marcha en el Distrito Federal para este jueves.

La reforma educativa del Gobierno federal propone que la estabilidad y los ascensos de los maestros dependan de sus méritos profesionales y de los resultados de un sistema de evaluación independiente, y anuncia un censo de escuelas y de maestros, algo que todavía no existe en México. Por ello, la reforma constitucional -la primera del sexenio del nuevo PRI- constituye todo un pulso al poderoso SNTE, un poderosísimo sindicato con más de un millón de afiliados que organiza paros y movilizaciones masivas cuando se tocan sus intereses. El 27 de febrero, el desafío del Ejecutivo aumentó con la detención de la líder vitalicia del gremio, Elba Esther Gordillo, la Maestra, acusada de lavado de dinero y delincuencia organizada.

 

La educación en México figura en el último lugar en el Informe Pisade 2009 de los 34 países integrantes de la OCDE. El año pasado, en plena campaña electoral, el documental ¡De Panzazo! reveló datos escalofriantes: solo 51 de cada 100 niños que inician la primaria consiguen acabarla, siete de cada 10 adolescentes no entienden lo que leen o no saben multiplicar y solo una exigua minoría llega a la universidad. Elba Esther Gordillo llegó a calcular que las plazas de profesores se vendían por "entre 50.000 y 100.000 pesos" (de 4.000 a 8.000 dólares aproximadamente).

 

Los Estados de Oaxaca y Guerrero son de los que sufren mayores problemas de baja escolaridad, comenta Alberto Serdán, coordinador de la organización independiente por la educación Mexicanos Primero. "En los últimos seis años, los niños de Oaxaca han perdido un año escolar completo por los parones", subraya. "El sistema educativo no tiene claro los resultados de maestros ni de alumnos porque no aceptan evaluarse. Algo similar ocurre en Guerrero, donde en la última evaluación hubo quema de exámenes", agrega Serdán. "Las protestas, de fondo, buscan mantener privilegios -el control de plazas, decidir quién ingresa a la carrera educativa y quién recibe bonos-. Se escudan en el discurso contra las reformas privatizadoras, pero la reforma educativa no plantea la privatización", opina.

 

El Periódico El País, en su portal de Internet publica:

 

Los secuestros suben en el inicio del Gobierno de Peña Nieto

 

El número de estos delitos crece en 2013 pese a ser un asunto marcado en rojo en la agenda del presidente de México

 

Enrique Peña Nieto sabe que el tamaño de su figura como presidente pasa por hacer sentir a los mexicanos que viven en un país en paz y por eso propuso, entre otras cosas, reducir el número de secuestros, uno de los delitos que más espanto genera. Por ahora no lo está consiguiendo. En los primeros tres meses del nuevo gobierno mexicano fueron denunciados 326 casos de raptos, frente a los 299 de las mismas fechas con su antecesor, Felipe Calderón.

 

En campaña electoral, consciente de que hay que acabar con la esquizofrenia de una nación con una perspectiva positiva de crecimiento económico pero con más de mil secuestros denunciados al año desde 2006, dijo que poner fin a esta lacra era una de sus prioridades. El repunte marca una duda de arranque.

Frente a esta realidad, los afectados y las organizaciones civiles animan al presidente mexicano a poner en marcha un plan antisecuestro bien estructurado y con recursos. "No ha planteado la estrategia (anticrimen), dijo que iba a hacerlo pero no lo ha hecho. Yo le creo a Peña y creo que tiene un interés verdadero en atajar este problema pero por ahora no hay resultados. Urge que diga cómo va a hacerlo y necesitamos ver la gendarmería", explica María Elena Morera, presidenta de Causa Común, una asociación que apoya a los familiares de secuestrados.

 

De eso, Morera, sabe un rato. A su marido se lo llevaron y ella luchó hasta que se lo devolvieron, pero con cuatro dedos menos. La pareja emitió unos anuncios en televisión denunciando el clima de impunidad que impactó a todo el mundo. Los homicidios, en la mayoría de las ocasiones, se relacionan en México con la delincuencia organizada, se ven lejanos, como si el ojo por ojo fuese una ley justa en ese submundo. Los secuestros, en cambio, alcanzan a las clases más favorecidas. Suponen un golpe de realidad.

Por si fuera poco, Morera considera que en estos cuatro meses han aumentado los asesinatos tras los secuestros. Su sensación se basa en experiencia propia. De los últimos diez casos que ha atendido en 2013, seis de los raptados acabaron asesinados, dos quedaron en libertad y de los otros dos nunca se supo. "Te hablo de secuestros nacionales. Si no se frenan, esto va ir en aumento porque es un negocio que mueve mucho dinero", ahonda en entrevista con EL PAÍS.

 

Tanto que algunos cárteles de la droga como el de Los Zetas han hecho de esto una forma de vida. Han diversificado sus ingresos, como en su día la camorra italiana, y encuentran más rentabilidad en los secuestros y el cobro de piso, el pago por ser y estar, que en la droga. ¿Cifras? No se conocen, son negociaciones que se llevan en la sombra y con el mayor de los sigilos pero mueven millones de dólares al año, según los expertos. Como indicador sirve la recomendación Morera a los familiares: no ofrecer nunca más del ocho por ciento de la primera cantidad que exigieron los captores.

 

¿Cuánto tiempo se necesita para que una estrategia de seguridad dé resultados? Seis meses mínimo, advierte Samuel González, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y experto en seguridad. "No me extraña que se mantengan estas cifras de criminalidad. Las bandas de secuestradores existen y no van a desaparecer porque haya un cambio de gobierno. Lo contrario sería sospechoso. Los cambios de Peña Nieto se van a apreciar en medio año y en un año se sabrá si realmente hay resultados positivos, que creo que los habrá", razona. González cree que el presidente está dando los pasos correctos al dar por acabada la guerra frontal contra los carteles, coordinar mejor las policías y al poner al frente de la Procuraduría -fiscalía- a alguien con el peso de Jesús Murillo Karam. Aunque él también echa de menos una mejor especialización y dotación de las unidades antisecuestros.

 

El papel de las autoridades resulta fundamental para acabar con el clima de impunidad. En un país donde hay 1.600 cuerpos policiales distintos y poco coordinados, las unidades antisecuestro no son una excepción de eficacia. "No están bien estructuradas. Durante un tiempo las supervisé para que hubiese gente cualificada pero no hay personal, no hay medios. Todo se queda en palabras", lamenta Isabel Mirada de Wallace, presidente de la organización Alto Secuestro.

 

El también académico de la UNAM Carlos Mendoza planteó en el periódico Reforma que una de las soluciones pasa por reforzar la Estrategia Nacional Antisecuestro, aprobada en el sexenio anterior pero que a la vista de los datos no ha tenido éxito. Los seis primeros meses de Peña Nieto se antojan iguales o incluso peores. Mendoza propone que los policías estén obligados a permanecer cinco años en unidades antisecuestro para que tengan una correcta capacitación y que tengan equipos que no sean transferidos a otros departamentos, como a menudo ha ocurrido. A corto plazo el profesor ve muy difícil que la situación pueda cambiar.

 

Nadie se pone de acuerdo con las cifras reales. Los datos que encabezan este reportaje no incluyen los secuestros exprés -la modalidad de tener alguien retenido hasta que desplumen sus tarjetas de crédito-, tampoco necesariamente a eso que este país se conoce como "levantones", es decir, retenciones donde más que solicitar un rescate los criminales dan muerte o desaparecen a las víctimas, ni el rapto cada año de miles de inmigrantes centroamericanos que tienen que cruzar México para alcanzar Norteamérica, un tema que alarmó a la ONU. Algunas organizaciones calculan que hay 70 al día pero que la mayoría no se denuncian. Morera cree que sí se denuncian bastantes. Mirada de Wallace, lo contrario. El instituto de estadística mexicano estima -y no es más que eso, una estimación- que ocho de cada diez delitos nunca se dan a conocer a las autoridades. La experta en estadística Sandra Ley cree que es imposible hacer una evaluación seria y fundamentada al respecto. De ese tamaño es la confusión sobre este asunto.

 

La preocupación es evidente, con datos reales o sin ellos. El subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, habló el miércoles de una crisis de seguridad en el país, aunque matizó que heredada del pasado, y recalcó que los resultados no serán inmediatos.

 

Pero el tiempo apremia. "Esto está pasando ahorita", recalca en varias ocasiones Miranda de Wallace, por si quedan algún despistado. Ella tuvo enfrente a los hombres que secuestraron y asesinaron a su hijo Hugo. "Sí, lo hice", le confesó cabizbajo Jacobo Tagle, el inductor. Esa escena se produce en diciembre de 2010. "Sentí alivio", rememora ahora Wallace. Cinco años antes, al enterarse de la desaparición de Hugo, abandonó su trabajo y comenzó la caza y captura de todos los implicados. Desplegó carteles gigantescos por toda la ciudad con la cara de los criminales y ofreció recompensas millonarias a quien ayudase a encontrarlos. Esta mujer que podría pasar por la madre de cualquier hijo del mundo, representó la justicia en un país donde rara vez hay justicia. Los detuvo y los llevó en comisaría, uno a uno.

 

Pese a su fallido intento por ser jefa de gobierno (alcaldesa) del DF representando al Partido Acción Nacional (PAN), las víctimas tienen a Wallace como un referente, un Javier Sicilia menos espiritual pero más práctico. "No me extrañan las cifras, no hay sensación de que esto se haya rebajado. Me llegan casos a diario y nosotros les ayudamos", cuenta. La aspiración de Peña Nieto es ser esa mano que atienda a las víctimas pero para eso aún le queda mucho.

 

 



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