Lunes, 24 Junio 2019 07:02 hrs
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¡AL HUESO!

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Visto el país desde el exterior, la imagen de México se nubla por dos características negativas principales: la violencia delictiva y la debilidad de su sistema judicial, con la desconfianza que de ambas se deriva.

En el primer caso, las cifras de los recientes y vapuleados reportes de criminalidad no dejan espacio a dudas sobre el crecimiento del delito y de la violencia asociada.

Si tradicionalmente México se ha situado en los estamentos mas bajos en cuanto a respeto a la vida, hoy en día incluso tienen mas fuerza social las agrupaciones en defensa de los animales que de los humanos.

Dolorosa verdad aunque parezca una despreciable exageración.

En el segundo, aplicación de justicia, ejemplo al canto es la muy mediatizada historia de PEMEX y Emilio Lozoya en la industria de fertilizantes.

Si hubo delitos, el desaseo en el manejo se encamina a dejarlos sin sanción.

Arrinconado el presidente por la opinión pública ante la falta de resultados en su discurseada lucha contra la corrupción, desde la Consejería Jurídica emanó la orden de actuar.

Y se puso en marcha una cauda de voluntarismo, prepotencia, subordinación, violaciones, irreflexión, descoordinación, celos internos.

Santiago Nieto, titular de la UIF, arrancó como caballo desbocado y arrastró en la carrera a la Fiscalía General, obligada a buscar un juez de consigna para conseguir fast track órdenes de aprehension contra Emilio Lozoya y Alonso Ancira.

Ante una opinión pública ansiosa de resultados y castigos, la campaña mediática prendió como yesca, pero a poco andar afloran la carencia de sustento legal y la manipulacion de hechos.

Debilidad de fondo, la denuncia se basa en conductas sancionables a funcionarios, fincadas para Lozoya cuando era un simple y muy acaudalado ciudadano, sin ninguna responsabilidad oficial.

Además, si como parece actuó de recaudador de Peña Nieto en su campaña, y habría recibido dinero de Odebrecht y de empresas en México, es un delito electoral repudiable y sancionable, pero ya prescrito, según lo precisó en días recientes el TEPJF.

Suma que, como lo ha reiterado en dos fallos la Suprema Corte, la UIF ni la Fiscalía pueden investigar cuentas bancarias y menos bloquearlas sin una órden emitida por un juez, como lo hizo Santiago Nieto.

Posteriores posicionamientos del Poder Judicial vía amparos otorgados a los dos principales inculpados asientan precisamente un caso con pies de barro y una suma de ilegalidades.

Y a menos que la Ficalía General logre comprobar ahora en torno a Fertinal la real existencia de delitos, es evidente que el teatro mediático se derrumba y la batalla sexenal contra la corrupción dio pasos en falso.

Por ahora está claro el regreso a los peores métodos de uso político de la procuración de justicia, algo que la presión de la sociedad en los últimos años habia acotado a través de órganos de control hoy sometidos al repudio de Presidencia.

En este caso, los tribunales se mantuvieron como fiel de la balanza, pero preocupa el futuro.

Ese que nos espera si la clara embestida desde Palacio Nacional para controlar el Poder Judicial tiene éxito, porque si bién no todos los jueces pasan la prueba del ácido, ciertamente aún predominan en los tribunales principios de respeto, independencia y justicia.





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