Escándalo por fraude en graduación escolar

Desata debate legislativo sobre regulación de comités de padres en Coahuila.

Saltillo, Coah.- El desvío de 364 mil 364 pesos destinados a la fiesta de graduación en la escuela secundaria Andrés S. Viesca, turno matutino, ha puesto bajo la lupa la falta de regulación de los comités de padres de familia en el estado. 

El incidente, que dejó a 344 alumnos sin las tradicionales casacas de fin de cursos y con la velada a la deriva, escaló al Congreso local, donde ya se solicita la intervención formal de la Secretaría de Educación del Estado (SEDU).

El presunto responsable, identificado como Roberto N., miembro del comité progradación y encargado de resguardar los fondos recabados para el pago de proveedores, desapareció con el dinero sin que hasta el momento se conozca su paradero. 

Ante la emergencia, directivos y tutores sostuvieron una reunión urgente en el plantel para acordar las acciones legales que emprenderán de manera conjunta.

“Sí va a haber graduación, se va a poner la denuncia como comité progradación en contra del señor Roberto y para eso fueron convocados, para que tomen acuerdos todos juntos”, declaró Martha Silvia Alemán Berlanga, directora de la institución, al intentar calmar las exigencias de los padres de familia, quienes reclamaban cuentas claras al personal docente. 

Por su parte, los representantes del comité organizador confirmaron que ya buscaron al implicado a través de sus familiares directos sin obtener resultados, por lo que procederán por la vía penal al no existir un reporte de desaparición. 

DESLINDE INSTITUCIONAL Y EXIGENCIA DE SUPERVISIÓN

La postura oficial de las autoridades educativas se ha mantenido en el deslinde de responsabilidades financieras. 

Beatriz Torres, supervisora de la zona y representante de la Secretaría de Educación, aclaró que la dependencia no interviene en la planeación ni en la asignación de recursos para este tipo de eventos extraordinarios, “la Secretaría no tiene nada que ver en la asignación de un evento así, la única función es darles su certificado a los alumnos de tercero y lo que procede es lo que los padres decidan hacer”, precisó la funcionaria. 

Este vacío normativo motivó el pronunciamiento de la diputada local Magaly Hernández Aguirre, quien instó a la SEDU a regular de manera estricta las funciones de estos comités para evitar que se criminalice o responsabilice injustamente a los maestros frente a grupo. 

“Es muy cansado que siempre a los maestros los culpan de todo y somos los más inocentes en los incidentes detrás de estas historias, por lo que se debe de hacer un llamado a la secretaría a que haya una supervisión”, manifestó la legisladora. 

Hernández Aguirre enfatizó que el personal docente y directivo es completamente ajeno a los procesos de selección y administración de fondos que realizan los padres. Asimismo, recordó a la comunidad que la entrega de los certificados oficiales de graduación está garantizada por ley y bajo ninguna circunstancia se puede condicionar al pago de cuotas o participación en eventos sociales. 

Hasta el momento, este es el único caso de fraude de esta magnitud reportado en el inicio de la temporada de graduaciones en el sistema de educación pública de la región.