Quedan fuera de las boletas electorales agresores y deudores alimentarios

El veto conlleva sanciones administrativas.

Saltillo, Coah.- El Registro Estatal de Personas Sancionadas por Violencia contra las Mujeres (RESPSVM) se ha convertido en un filtro infranqueable para quienes aspiran a un cargo público en Coahuila. Según confirmó Miguel Mery Ayup, presidente del Poder Judicial del Estado, cualquier ciudadano que figure en este padrón como agresor, deudor alimentario o violentador de género tiene prohibido por ley participar en procesos electorales.

Esta medida es el resultado de una serie de reformas y propuestas presentadas ante el Instituto Nacional Electoral (INE) e institutos locales. El veto no solo afecta la vida política de los implicados, sino que, a nivel nacional, también conlleva sanciones administrativas como la posible negativa en la expedición de pasaportes y otros documentos oficiales.

Hasta la fecha, el registro estatal cuenta con un total de 1,638 personas, tanto hombres como mujeres, que han recibido condenas por diversos delitos contra la mujer. Entre los sancionados se encuentran desde ciudadanos civiles hasta exservidores públicos y figuras reconocidas en sus comunidades.

Saltillo encabeza la lista con la mayor concentración de casos, sumando 476 personas en el registro. En la capital del estado, se mantiene un promedio constante de 409 ciudadanos sentenciados por delitos de violencia física o psicológica.

La iniciativa, que nació como una "acción positiva afirmativa" del Poder Judicial local, busca garantizar la integridad de quienes lleguen a puestos de poder. Mery Ayup enfatizó que la restricción es un acto de coherencia: "Quien tenga este tipo de antecedentes podrá perder la posibilidad de obtener un pasaporte o ser candidato. Eso habla mucho de la congruencia de la persona que se desempeñe en un cargo público".