Celebran revés a censura a la iglesia en redes sociales
- Por: David González --
- 11/11/2025 @ 16:27 --
- Sureste
Alianza Ministerial no descarta que esto vuelva a intentarse por lo que se mantendrá alerta.
Saltillo, Coah.- Luego de que Morena retiró la propuesta que sujetaría a los grupos religiosos y ministros de algún culto a los lineamientos de la Agencia de Transformación Digital, la Alianza Ministerial que engloba las iglesias evangélicas, celebró esta decisión al considerar que violaba las garantías constitucionales de los mexicanos.
Eduardo Pacheco Ortiz, vocero de esta organización, dijo que estarán atentos pues de retomarse podrían fácilmente aprobarla ya que cuentan con la mayoría del partido en el poder.
Esta iniciativa de reforma a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público fue presentada el pasado 28 de octubre en la Cámara de Diputados por el diputado Arturo Ávila de Morena, propone que la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones regulen las publicaciones en redes sociales de los integrantes de la Iglesia.
Ante este hecho, el vocero de las iglesias cristianas en Saltillo señaló que grupos religiosos, la sociedad en general y juristas manifestaron su oposición por considerarla una clara violación a las garantías constitucionales, sin embargo, la presión social permitió que el diputado de Morena la retirara.
“Celebramos como Alianza Ministerial Evangélica en Saltillo este retiro de la propuesta que claramente viola las garantías de los mexicanos y debemos estar atentos porque cualquier día la vuelvan a presentar”, dijo.
Pacheco Ortiz recordó que esta propuesta contenía una solicitud para modificar la Constitución, en específico el artículo 16 paras que a partir de esa modificación se obligara a los ministros de culto y asociaciones religiosas que emiten predicas, servicios y contenidos en las redes sociales, sujetarse a los lineamientos que emitiera la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
Ante ello consideró que esto era una clara intromisión del estado a las garantías constitucionales de un ciudadano de ejercer libremente la creencia de fe y religión.