Opinión
Sábado 04 de Diciembre del 2021 07:23 hrs

A Quemarropa

Agua Saludable, Espejismo Presupuestal


Los presupuestos asignados no cuentan con un diagnóstico específico que permita saber en qué se va a gastar y como vamos a saber si el gasto cumplirá el objetivo esperado. Tampoco se encuentran alineados en una planeación operativa y presupuestal.

Todos queremos agua en la región desértica de La Laguna, pero no se trata de extender un cheque en blanco a los gobiernos como acaba de suceder.

El Centro para la Evaluación del Desempeño Gubernamental, CEDeG, solicitó vía transparencia a la Comisión Nacional del Agua, los puntos más elementales que debe contener cualquier proyecto gubernamental y la respuesta fue la esperada, solo hay un esbozo general, sin proyectos específicos, presupuestos definidos, ni mecanismos de medición de avances y resultados.

Lo anterior a pesar de la “búsqueda minuciosa y exhaustiva en todos los archivos físicos y electrónicos” según reza la respuesta emitida por la dependencia federal.

Rafael Olivares García, director del CEDeG, concluye que hay, pues, un cheque en blanco por 11 mil 252 millones de pesos.

El documento recibido establece que hay 1 objetivo, que no es un objetivo propiamente de acuerdo a los elementos que debe contener, y 7 líneas estratégicas de acción, que en realidad son seis.

Los presupuestos asignados no cuentan con un diagnóstico específico que permita saber en qué se va a gastar y como vamos a saber si el gasto cumplirá el objetivo esperado. Tampoco se encuentran alineados en una planeación operativa y presupuestal.

Por ejemplo, se invertirán 1,769 millones para obras y acciones para la tecnificación y el mejoramiento de la eficacia del riego agrícola. ¿Cómo llegaron a esa cantidad? ¿Hay un estudio específico? ¿Qué obras realizarán? ¿Qué tecnologías aplicarán, en dónde y a quienes? ¿Qué cantidad de agua se ahorrará con esa inversión?

La carencia de información elemental permite pensar que es una bolsa para ir apaciguando a quienes se manifiesten en contra del proyecto, en una dinámica de “como veo doy” sin una planeación e indicadores que permitan sacar el mayor provecho a ese recurso.

Lo mismo sucede con los 929 millones destinados a obras y acciones de mejoramiento de eficiencia física y comercial de organismos operadores. ¿Cuánto corresponde a cada municipio? ¿Qué porcentaje corresponde a la sustitución de líneas de conducción y cuanto para fortalecer la cobranza? ¿En dónde está el diagnóstico monetizado de cada municipio, procesos, tiempos, etc?

Sin la información básica y elemental, sustentada y proyectada, no tenemos la certeza de que los 11 mil 252 millones de pesos serán suficientes, manejados con eficiencia, transparencia, honradez y sobre todo que se alcanzarán los objetivos (¿?) para los cuales fueron destinados, como lo establece el artículo 134 de la Constitución Mexicana.

Ahora toca a la sociedad civil organizada el exigir que las autoridades correspondientes, de los ámbitos federal, estatal y municipal, que presenten un proyecto serio, sustentado y que pueda ser sujeto de supervisión y seguimiento por parte de los ciudadanos.