ALTERNATIVA
El Asedio a la Corte
Están en la lógica de que aquello carente de legitimidad se puede eliminar a un costo mínimo. Hoy las encuestas hablan de que la Ministra presidente de la Corte, Norma Piña, goza de mayor credibilidad que López Obrador, hay que atacarla entonces para mermar su imagen pública.
Como si la manifestación encabezada por el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, portando ataúdes con fotografías de la Ministra Norma Piña no fuera una suficiente señal ominosa del clima que se está generando en el país, desde el púlpito de las mañaneras el presidente López Obrador echa más gasolina al fuego al acusar a los Ministros de la Suprema Corte de pretender dar “un golpe de estado técnico”.
Desde la Presidencia de la República se tiene a la Corte, a uno de los tres Poderes del Estado Mexicano, bajo asedio, y a la embestida de López Obrador se han sumado otros funcionarios. El secretario de Gobernación Adán Augusto López llega al extremo de culpar al Poder Judicial por la inseguridad y violencia que carcomen al país, por ejemplo, y al juego le entran también los militares como el subsecretario de seguridad, General Luis Rodríguez Bucio.
El propósito está claro, quieren desprestigiar a la Corte y a los funcionarios judiciales, para generar un ánimo favorable a su intención de hacerse con el control de la impartición de justicia, ya expresado en esa reforma que han empezado a delinear para que los Ministros sean electos por voto popular.
Están en la lógica de que aquello carente de legitimidad se puede eliminar a un costo mínimo. Hoy las encuestas hablan de que la Ministra presidente de la Corte, Norma Piña, goza de mayor credibilidad que López Obrador, hay que atacarla entonces para mermar su imagen pública.
Pero aparejado al riesgo de darle alas a algún fanático que quiera vestirse de “héroe” atentando contra la Ministra Piña o algún otro funcionario judicial, está el de la intromisión por la vía de las reformas para socavar la autonomía y profesionalismo del Poder Judicial.
No lo debemos permitir. La Corte es el último contrapeso firme y vigente en este país, nos ha defendido de los excesos de un régimen claramente totalitario, hoy los ciudadanos debemos ocuparnos en no perderla.
En el pasado reciente ha habido otros intentos por meter mano al procedimiento de designación de los Ministros. En 2018, a inicios del actual sexenio, senadores del PT propusieron optar por el voto popular en lugar de las propuestas presidenciales al legislativo para designar a los integrantes de la Corte.
Argumentaban en aquél entonces, tomando como referencia un análisis de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al respecto de la importancia y la necesidad de que el Estado garantice la independencia judicial y, en particular, de que los procesos de selección no dejen espacio a la discrecionalidad y las intervenciones políticas.
Tanto la ONU como la CIDH, decían, han identificado como problema el alto grado de politización en las selecciones de funcionarios de los poderes judiciales, que comienza con las altas jerarquías pero puede llegar a afectar el funcionamiento de toda la institución.
Pero abrir la selección judicial al voto popular, más que evitar la politización la enardece.
El historiador y maestro de derecho estadounidense, Lawrence Meir Friedman, tiene un estudio sobre el sistema de elección popular de los jueces en su país, y concluye que el voto popular no ha resuelto el tema de la idoneidad, integridad e independencia de los juzgadores; señala que la gente vota sin estar bien informada. Adicionalmente, en la mayor parte de los casos no existen mecanismos para evaluar los méritos o la idoneidad de los candidatos que se eligen, que en algunos estados del vecino país son postulados por partidos.
Y está también el tema del dinero, necesario en toda campaña, y en Estados Unidos se ha detectado que grupos de poder le invierten para bloquear la elección de algún juez incómodo o favorecer la de alguno que esté a modo de sus intereses.
Traslademos esa situación a nuestra realidad, donde se ha avanzado en la profesionalización, los controles y la certeza electoral, pero nada se ha podido hacer para terminar con la compra de votos.
Más grave aún, el actual grupo en el poder se ha apoderado del INE, ¿y ahora pretenden que ese organismo organice una elección de Magistrados?.
El asunto no es menor, apoderarse de la Corte implica terminar de desmantelar el andamiaje institucional de este país.
Frente a ello, queda en los ciudadanos comenzar a desmantelar el poder que de forma tan perversa ejerce la cuarta transformación. Incluso desde las urnas en una elección local como la de Coahuila se puede minar esa fuerza, hay que hacerlo mientras podamos, y en cada ocasión que podamos.