Atenta resolución de la Corte seguridad de mujeres y niños
- Por: David González --
- 15/08/2025 @ 16:21 --
- Sureste
La SCJN permite que quienes hayan sido condenados administrativa o laboralmente por violencia, mantengan el derecho a buscar candidaturas a cargos públicos.
Saltillo, Coah.- Al lamentar que la Suprema Corte de Justica de la Nación invalidara partes del Código Electoral la presidenta del Congreso estatal, Luz Elena Morales Núñez, se dijo preocupada porque esto representa un atentado a la seguridad de las mujeres , niños y niñas al permitir que quienes hayan sido condenados de manera administrativa o laboral por violencia, tengan la posibilidad de buscar candidaturas a cargos públicos.
“Me preocupo, porque esta iniciativa viene del grupo de colectivos feministas que hemos estado trabajando y escuchando y tiene que ver contra la violencia de niños, niñas”, dijo.
Únicamente se mantienen las sanciones a violentadores que cuenten con sentencia penal sin embargo, se seguirá buscando impulsar la iniciativa para que deudores alimenticios no sean elegibles en una contienda electoral.
Morales aclaró que esta normativa será vigente hasta que esta resolución sea notificada formalmente por la Corte.
“Viene que no pueden ser candidatos las personas que tengan resoluciones, infracciones o sanciones administrativas como violentadores de mujeres niñas y niños; lo que dejó válido es que no pueden ser candidatos quienes tengan una resolución penal dejando fuera los temas administrativos de sanción”, explicó.
Explicó que el tema de los deudores alimentarios no se consideró ya que es una iniciativa pendiente que van a buscar dictaminar en Gobernación con posibilidad de aprobación el 29 de agosto ya que sesionarán en un período extraordinario a realizarse antes del primero de septiembre.
“Ojalá Morena apoye en la votación y no ponga una acción de inconstitucionalidad ya que no queremos candidatos y candidatas que sean deudores”, señaló.
Fue en días pasados que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resolvió una acción de inconstitucionalidad contra las reformas al Código Electoral de Coahuila al argumentar que las modificaciones vulneran la Constitución, afectan la equidad en la contienda y restringen derechos de participación política.