No se puede jugar con la vida de quienes electrificaron al país

La reforma al artículo 127 constitucional pretende imponer un tope a las pensiones financiadas con recursos públicos. El argumento es la austeridad. Pero la austeridad, cuando se usa como arma, siempre apunta hacia abajo. El problema no es el tope. El problema es la retroactividad. El intento de aplicar nuevas reglas a quienes ya cumplieron con todas las anteriores.

Hay cosas que un país decente no hace. No se burla de sus viejos. No les cambia las reglas cuando ya cumplieron. No les dice que lo que ganaron con décadas de trabajo ahora vale menos porque alguien decidió que la austeridad empieza por los que ya dieron todo.

Por eso, cuando los jubilados de la CFE llegaron a Torreón con su pronunciamiento, no venían a pedir limosna. Venían a recordarle al Estado que la dignidad no se recorta. Que los derechos adquiridos no son fichas de negociación. Que la Constitución no es un mantel que se estira según la mesa del poder.

Yo los conozco. Caminé con ellos cuando la Tendencia Democrática del SUTERM se levantó en 1975 y 1976. Yo era estudiante, ellos eran gigantes. Se enfrentaron a un aparato sindical que había olvidado a sus propios trabajadores. Y aun así, resistieron. No por privilegio, sino por convicción.

Hoy, medio siglo después, vuelven a tocar la puerta. No porque estén derrotados, sino porque saben que lo que está en juego no es solo su pensión: es el pacto entre el Estado y quienes lo sostuvieron.

La reforma al artículo 127 constitucional pretende imponer un tope a las pensiones financiadas con recursos públicos. El argumento es la austeridad. Pero la austeridad, cuando se usa como arma, siempre apunta hacia abajo. El problema no es el tope. El problema es la retroactividad. El intento de aplicar nuevas reglas a quienes ya cumplieron con todas las anteriores.

La Constitución lo prohíbe. La Suprema Corte lo ha reiterado. Los derechos adquiridos no se tocan. No se reinterpretan. No se ajustan al humor del momento. Son parte del patrimonio jurídico de cada trabajador.

Pero mientras se discute si es constitucional recortar pensiones ya otorgadas, el país observa un contraste que insulta la inteligencia colectiva.

El Estado dice que se “ahorrará” 5 mil millones de pesos al año con esta reforma. Cinco mil millones. Una cifra que suena grande hasta que uno mira hacia las megaobras del sexenio.

Según análisis públicos, los sobrecostos del Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas y el AIFA suman 673 mil millones de pesos.

Repito: 673 mil millones.

Eso es más de 130 veces lo que se pretende “ahorrar” recortando pensiones.

Es decir:

por cada peso que se le quita a un jubilado, se han gastado 130 en sobrecostos de obras públicas.

Y eso sin contar el Corredor Transístmico, las irregularidades documentadas en Segalmex o las pérdidas por el huachicol fiscal, cuyos montos aún no tienen una cifra consolidada.

Entonces, ¿de verdad el problema son los jubilados?

¿De verdad el país se tambalea por las pensiones de quienes electrificaron México cuando el país era más oscuridad que luz?

Los jubilados de la CFE no son una carga. Son quienes sostuvieron el sistema eléctrico cuando no había computadoras, ni sensores, ni protocolos modernos. Son quienes trabajaron turnos dobles, noches enteras, emergencias que no salieron en los periódicos. Son quienes, en los años setenta, se atrevieron a desafiar a un sindicato que había olvidado a sus propios trabajadores.

Yo los vi. Yo los acompañé. Yo aprendí de ellos.

Por eso duele ver que ahora se les quiera convertir en variable de ajuste. Porque cuando el Estado decide que puede modificar unilateralmente lo que ya estaba otorgado, no solo afecta a un grupo de jubilados. Afecta la confianza en el Estado de derecho. Afecta la idea misma de que la ley sirve para proteger, no para castigar.

La reforma al artículo 127 no solo enfrenta un cuestionamiento jurídico. Enfrenta un cuestionamiento moral. Porque si el Estado puede modificar retroactivamente una pensión, ¿qué impide que mañana modifique cualquier otro derecho adquirido?

Los jubilados no llegaron a Torreón a pedir compasión. Llegaron a defender la Constitución. Y en un país donde la ley suele ser un instrumento del poder, no de la ciudadanía, eso ya es un acto de resistencia.

La historia —esa vieja locomotora que avanza entre rieles torcidos— sigue su marcha. Pero hay momentos en que los pasajeros deben recordarle al maquinista que las vías no son suyas, que el destino no se cambia sin consultar a quienes ya pagaron el viaje, y que la dignidad —como los derechos adquiridos— no se negocia.