¡AL HUESO!

Hércules, pueblo secuestrado

Convertido casi en pueblo fantasma, desde 2023 ha emigrado de Hércules 75% de su población y quienes permanecen, con mínimos servicios, deben además someterse al control de un grupo de golpeadores de Napoleón Gómez Urrutia que, con tolerancia de las autoridades, les impone su propia ley.

“Nada fortalece tanto a la autoridad como el silencio de los ciudadanos”. Da Vinci.

No es Guerrero ni Michoacán, Guanajuato, Zacatecas o Chiapas. Es Coahuila.

Con la población amedrentada desde hace un año por un grupo de malhechores, la inaceptable situación en la localidad de Hércules marca un mentís para la imagen de seguridad de la que se han venido ufanando a diario las autoridades estatales.

En una situación que no marca diferencia con poblados en zonas del país dominadas por la delincuencia, en la localidad minera los habitantes viven a merced de quienes, tolerados desde el poder, mantienen ilegalmente el control sobre la población. 

Surgido y circunscrito al desarrollo del mayor yacimiento de fierro existente en México, Hércules creció a partir de la década de los años 60 del siglo pasado. Lo hizo al ritmo de la explotación de uno de los dos insumos básicos para generar acero en los altos hornos de AHMSA, en Monclova. El otro, coque, lo aportan minas en la Región Carbonífera.

Lo que inició como típico campamento minero en el desierto coahuilense, cercano al límite con Chihuahua, devino en el mayor núcleo urbano del municipio de Sierra Mojada. A fines de 2022, la casi totalidad de los 8 mil 500 habitantes se relacionaban directa o indirectamente con la operación de la Unidad Hércules de Minera del Norte. Se sumaban profesores y algunos prestadores de servicios a la población -panaderías, carnicerías, estanquillos, talleres-, así como jubilados que decidieron permanecer en el poblado.

Sin distinción, todos recibían de la empresa en forma gratuita electricidad, agua potable, servicios médicos, servicios urbanos y acceso a actividades culturales, deportivas y de recreación. MINOSA mantenía la clínica-hospital, una alberca comunitaria, un cine-teatro, una radioemisora; facilitó la instalación de un supermercado, apoyaba al ayuntamiento con los costos de la policía local y ante la incursión de narcodelincuencia en la zona construyó un cuartel militar para reforzar la seguridad.

La presencia oficial se circunscribía a una representación municipal y a los servicios educativos. La minera mantenía una guardería para las madres trabajadoras y apoyaba a la Federación y al Estado en el sostenimiento de facilidades educativas, desde jardín de niños hasta formación técnica y universidad virtual.

Todo cambió cuando al bucólico poblado lo alcanzó la perversidad presidencial que generó la crisis en Altos Hornos de México.

La empresa ralentizó la operación y el pago de salarios, situación aprovechada por Napoleón Gómez Urrutia para tomar por asalto la sección sindical, bloquear inicialmente las instalaciones industriales e impedir el acceso a ellas incluso de personal técnico fundamental para asegurar su mantenimiento. Inició el éxodo. 

La minera dejó de pagar y la Comisión Federal de Electricidad cortó el suministro de energía. Manuel Bartlett se negó a separar el consumo industrial del comunitario, por lo cual la población comenzó a recibir electricidad y agua racionadas, por medio de generadores activados por la empresa, cuando obtiene recursos para adquirir diésel.

Envalentonados por la permisividad oficial, los activistas afines a Gómez Urrutia -no más de 30, aseguran pobladores, algunos de ellos foráneos sin siquiera ser trabajadores- ampliaron el bloqueo al único camino, la terracería que une Hércules con Camargo, procedieron a expulsar de la localidad a los dirigentes sindicales legítimos y a familias que consideraban adversarias, asumiendo un poder de señores de horca y cuchillo.

La presidencia de Sierra Mojada se declaró impotente para poner orden, instruyó a la policía municipal mantenerse al margen y comenzó a proveer despensas a los propios ejecutores de los bloqueos, denunciados por la empresa ante el Ministerio Público y por los pobladores ante diversas autoridades, sin generar acción alguna de la justicia.

En un climax, en junio del año pasado la irregular situación en Hércules llegó una mañana a la mesa de seguridad en Saltillo. Ante la gravedad de los hechos, se acordó encargar al fiscal y al comandante de la 47 zona militar acudir al poblado y poner orden.

Lejos de eso, el resultado fue contraproducente. En una decisión incomprensible, el fiscal Gerardo Márquez desestimó las denuncias formales, desoyó los reclamos de los pobladores y respaldó de facto las flagrantes violaciones legales del grupo que bloquea las instalaciones industriales y mantiene el ilegal control del pueblo.

Las consecuencias de la permisiva conducta de las autoridades son una bofetada: 

Permanecen en el poblado, con miedo y carencias básicas, menos de 2 mil personas, en su mayoría madres que tienen hijos en las escuelas y reciben sustento de los esposos que han encontrado trabajo en otras localidades.

Los centros educativos registran menos de un tercio de la matrícula normal, el Tecnológico de Múzquiz cerró, el Cecytec está en riesgo de hacerlo en el próximo ciclo por falta de alumnado, la clínica carece de medicinas y cuenta con un solo médico en situación de voluntario, la tienda de abarrotes disminuyó 60% sus ventas y se encamina al cierre.

Las instalaciones industriales son un desastre. La mina subterránea está inundada con toda la maquinaria en el interior, que la compañía considera pérdida total; el resto de plantas, objeto de sostenida rapiña, en reponer lo robado, reemplazar equipos dañados y labores de reacondicionado, requerirán inversión calculada en más de 50 millones de dólares. 

Mientras, todos quienes entran o salen del poblado deben someterse al escrutinio y la “autorización” de los delincuentes solapados por la autoridad. Para poder retirar bienes personales les exigen las tan de moda “aportaciones”. Incluso, los ejidatarios y agricultores menonitas de las comunidades aledañas deben pagar en dinero o especie cuando acuden al poblado por provisiones, a la clínica o a la representación municipal.

Peor es la situación de los grandes y pequeños proveedores externos de Minera del Norte, que quedaron doblemente atrapados entre las deudas de la empresa -cuyos nuevos dueños les ofrecieron un pago de risa-, y los delincuentes, que les impiden sacar sus vehículos y sus equipos. A menos, claro, que se presten a la extorsión y aporten los “moches” -según el sapo la pedrada- exigidos para desobedecer a Gómez Urrutia. 

En el Coahuila que pregona a los cuatro vientos su seguridad, Hércules está hoy dominado por delincuentes que ejercen impunemente su propia ley.