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Allende: narcos, políticos y disculpas del Estado

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La masacre de Allende, Coahuila, en el 2011, no evidenció, como suponen algunos, la inexistencia del Estado Mexicano.

No, los hechos, que han sido equiparados a un holocausto, suponen un drama más sobrecogedor: las instituciones oficiales al servicio del crimen organizado.

O, peor aún, un Estado criminal cuyos tres órdenes de Gobierno toleran y promueven actos brutales y gravísimas violaciones a los derechos humanos.

Por ello, la disculpa oficial ofrecida el jueves por el Estado Mexicano a las víctimas de la matanza suena hueca, vacua, de mal gusto.

Para empezar, llega con ocho años de atraso y no como un acto voluntario, potestativo, sino como efecto de una recomendación realizada en el 2018 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tardó siete años —¡sí, siete años!— para darse cuenta de que, en efecto, una barbarie de proporciones insospechadas se había cometido en Allende con la negligencia, complicidad, apoyo y omisión de un sinnúmero de instituciones gubernamentales.

Parece una broma, pero a ese paso trabajan los pomposamente llamados “organismos públicos autónomos del Estado Mexicano”, como la CNDH. Con todo, pareciera que sin la recomendación no hubiera habido disculpa alguna.

Realizada finalmente el jueves por la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y por el Gobernador Miguel Riquelme, la solicitud de perdón pareció un mero formulismo.

Se esperaba que la disculpa fuera acompañada de nuevos informes y avances sobre el castigo a los culpables de haber matado en una embestida aberrante y vergonzosa a decenas de personas entre el 18 y el 20 de marzo del 2011, pero no fue así.

Algunos quisieron creer que habría un recuento de resultados sobre la atención a víctimas, de la reparación de daños y de las estrategias de seguridad implantadas en Coahuila a raíz de los acontecimientos.

No hubo nada. Ni informes ni resultados ni anuncios de políticas públicas para evitar que atrocidades de esta naturaleza se vuelvan a repetir. Una disculpa y ya. Las autoridades cumplieron con el requisito, palomearon una recomendación más de la CNDH y se libraron por ahora del embarazoso asunto.

Sánchez Cordero tuvo al menos la decencia de reconocer que la matanza fue organizada por la delincuencia “con la complicidad del Estado”. Funcionarios públicos, dijo, acordaron con la delincuencia no intervenir durante la matanza “o, peor aún, tomaron a los pobladores y los entregaron a esta organización criminal (de los Zetas) sabiendo cuál sería su destino”.

Aunque fue la representante de los tres Poderes de la Unión en el evento, ni ella misma supo decir, sin embargo, cuántas personas fueron masacradas. Sin rigor alguno, habló del caso como cualquier hija de vecina: “Algunas fuentes señalan que podrían ascender hasta a 300”.

Testigos, organismos civiles y activistas ciertamente aseguran que hubo 300 ejecutados o desaparecidos en Allende durante la noche del 18 y la tarde del 20 de marzo, pero los expedientes registran 26 desaparecidos en esos tres días y otros 16 en meses anteriores y posteriores: 42 personas en total.

¿Cuántos fueron? Ni Sánchez Cordero lo sabe. Es decir, ni el Estado Mexicano que hoy pide disculpas lo sabe.

¿Habrá leído la titular de Gobernación los expedientes del caso alguna vez? Por ahora le resulta más cómodo hablar sin compromisos: “fuentes”, “señalan”, “podrían”...

En el marco de la disculpa, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, declaró que la narcopolítica “actuó” en la masacre. Se entiende, entonces, que actuaron narcos y políticos.

Se sabe con claridad que los Zetas fueron los narcos que participaron directamente. A ocho años de distancia, hubiera sido bueno que Encinas nos dijera quiénes fueron los políticos.

Agentes estatales, policías municipales y funcionarios federales estuvieron involucrados en cuerpo y alma. Políticos de altísimo nivel supieron de los hechos desde los primeros minutos de la masacre. No movieron un dedo, dejaron que corriera la sangre.

Pero el concepto de “narcopolítica" de Encinas es convenientemente abstracto, general, sin nombres ni apellidos. Del papel que jugaron —o no jugaron— los militares nada se ha dicho.

La impunidad campea en Allende. Hace falta mucho más que una disculpa del Estado Mexicano.

Galerín de Plomos

No quiero parecer “amarguetas” ni machacón, ajeno al regocijo de las fiestas, pero me resulta chocante ver el video del ex Presidente Enrique Peña bailando cumbias con su nueva pareja y otra mujer. No es que el ex Mandatario no tenga derecho a volver a la vida ciudadana y a gozar de los andares del pueblo. Más allá de su lastimeros pasos de baile, me confirma la impresión generalizada de que durante seis años no nos gobernó un hombre de Estado, sino un frívolo, un político baladí, un ignorante de los quehaceres públicos al que se le quemaban las habas por divorciarse, abandonar sus responsabilidades y volver a lo que realmente es lo suyo: la juerga.






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