Opinión
Miercoles 22 de Mayo del 2024 08:23 hrs

¡AL HUESO!

Concierto de inmoralidades


Con al menos tres sucesos, desde la Región Carbonífera hasta Palacio Nacional, en la pasada semana la porfiada verdad dejó al desnudo la agravada corrupción imperante en un sexenio que prometió compromiso con la moralidad

Al mes de marzo de 2024, dos tercios de la población (61%) se siente insegura. INEGI

Con paciencia, los hechos van desnudando una a una las miserias del sexenio y en la pasada semana descorrió en tres temas el muy manchado pañuelito blanco, ese que lavado con saliva se pretende usar para encubrir una corrupción que ya no es del pasado, sino la de un agravado presente.

Dentro de nuestro entorno, el miércoles en la localidad de Rancherías cobró una nueva vida la corrupción en la minería del carbón, acrecentada por los oscuros intereses de Manuel Bartlett Díaz, cabeza de la Comisión Federal de Electricidad.

El trabajador Marco Antonio Galván falleció víctima de un “caído”, cuando laboraba en uno de los pozos de la empresa Carkim, uno más de esos rudimentarios socavones mineros de la zona que no cumplen mínimas condiciones de seguridad. 

Usual bajo la tolerada corrupción que operan muchos y muy ricos de esos “pequeños mineros del carbón”, para la familia a la tragedia de la muerte se sumó el drama de carecer de sostén futuro, porque el trabajador no estaba registrado en el IMSS.

Carkim Industrial, perteneciente a la familia Morales, de la que aparece como responsable Eduardo Morales, es reincidente. Tiene negra cuenta de por los menos 10 mineros muertos en sus irregulares pozos, no obstante lo cual es una de las beneficiadas con los contratos “de dedazo” otorgados por la CFE.

En esa región es secreto a voces que esas magras porciones de carbón, obtenidas en rudimentarias y peligrosas operaciones, son usadas para dar cierto nivel energético a los sobrantes -casi tierra- que Minera del Norte vende a Antonio Flores Guerra, hermano de la alcaldesa de Múzquiz, quien sin operar minas es el principal proveedor de la Comisión y hace vulgar y prepotente ostentación de “nuevo rico”.

El sostén, señalan mineros desplazados, se encuentra en una banda transportadora de intereses que inicia en los desperdicios de lo que era la Unidad Mimosa y pasa por el señalado Flores, el ex aspirante a la gubernatura Ricardo Mejía -hoy candidato a diputado por el PT- y llega hasta las oficinas de Bartlett a través de Jorge Luis Morán, efímero titular de la fantasmal UIF estatal, ex priísta emigrado al PT.

Parece absurdo, pero en estos tiempos todo es normal: la otrora poderosa minera, vapuleada por la agresión del propio Bartlett, justifica la nebulosa operación de venta de desperdicios destinados a la CFE de su verdugo. Es, aducen, la necesidad de obtener recursos para sostener operaciones mínimas e imprescindibles, en tanto inicia la hipotética reactivación de AHMSA y de la única explotación carbonífera rescatable, Conchas Sur, rebautizada como Mina VIII.

Justo cuando la titular de Protección Civil Federal y la Fiscalía de Coahuila se felicitaban por haber identificado los restos de 4 de los 10 trabajadores muertos en El Pinabete, y la CFE aseguraba por enésima vez que no tarda en llegar a los restos de los 63 mineros atrapados en Pasta de Conchos, la muerte de Marco Antonio Galván representó una trágica bofetada a las autoridades federales y estatales, que en cada tragedia comprometen una nunca cumplida “no repetición”.

Cobijadas en lo cómodo de “es un tema federal”, nada han hecho realmente las administraciones estatales y sus órganos laborales y de protección civil para asegurar en Coahuila una minería legal y segura.

En el terreno nacional, una denuncia anónima, que en su factura muestra mano de una o más personas con formación jurídica, puso una bomba de tiempo en el equipo central de la candidata oficial, al puntualizar casos en que Arturo Zaldívar, su asesor jurídico estrella y candidato a senador, utilizó el cargo de ministro presidente de la Suprema Corte para presionar a juzgadores y manipular la aplicación de la ley. 

Nada nuevo realmente, porque había sido oficialmente reconocido por el propio López Obrador en una de sus homilías matinales y algunas de las corruptelas de la mancuerna Arturo Zaldívar-Julio Scherer -evidentemente avaladas por el jefe de facto del primero y patrón del segundo- fueron develadas por un correligionario un poco más moral -o más ingenuo-, en el libro “Traición en Palacio”.

La diferencia estuvo en que, al ser presentada la denuncia en los propios organismos judiciales, obligó a la Presidenta de la SCJ, Norma Piña, a ordenar una investigación del Consejo de la Judicatura. Aunque no va directamente sobre Zaldívar, involucra a sus principales operadores durante el tiempo en la presidencia de ese poder.

Un escándalo más que en este final de sexenio puso al Presidente y su candidata en la necesidad de una operación defensiva y aprovecharon para acusar una “acción electoral” de la Ministra Piña, que solo cumple una obligación normativa. Lo hacen porque su sostenida independencia les pone a temblar, pensando en el tratamiento futuro del cúmulo de demandas por abusos e ilegalidades que les espera. 

Sin embargo, lo grave y patético es que precisamente el acusado de corrupción en la aplicación de las leyes aparezca como modelo de probidad de Claudia Sheinbaum, designado por ella responsable de formular la reforma para moralizar y fortalecer un Poder Judicial que el denigró con sus acciones.

Para cierre, inmoralidad que también es corrupción: sobregastado el gobierno en sus inútiles obras de relumbrón y el uso electoral de las finanzas, el Presidente apuró a los legisladores de la coalición en un golpe de mayoría, para apropiarse de 40 mil millones de pesos no reclamados a las afores por ex trabajadores.

Han tratado de dar un “baño social” al atraco, pero la ambición fue más allá y en una chicanada “que ni el PRI”, cambiaron bajo la mesa el dictamen original para ampliar lo aprobado en la comisión de Seguridad Social y llevar soterradamente la rapiña a la totalidad de los fondos de pensiones de los trabajadores, abuso denunciado y felizmente frenado de inmediato por legisladores de oposición.

“Fue error humano”, quiso justificar el líder de la bancada de Morena y le hizo de corifeo Rubén Moreira desde el esqueleto del PRI.

¿Alguien a estas alturas de la degradación de los políticos puede creerles?   

¿Con la actual corrupción se puede confiar que esos fondos serán bien manejados?

¿Puede prometer moralidad una candidata en cuyo equipo central figuran sujetos como Zaldívar y Scherer?






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