¡AL HUESO!

Corrupción e impunidad

Advertido, el siniestro del convoy ferroviario en el transístmico agrió el cierre de año del gobierno federal y volvió a poner sobre la mesa la realidad de un grupo político marcado para unos por la corrupción y para otros por el encubrimiento y la impunidad, preludio de un 2026 en que no son esperables cambios de conducta.

“Es más fácil engañar a la gente que convencerles de que les han engañado”. Mark Twain.

En los días del fin de año, la inexorable realidad golpeó el centro del grupo en el poder con un advertido y previsible siniestro. El descarrilamiento del transístmico, con muertos y heridos, volvió a refrendar las principales características negativas del anterior y el actual gobierno:  prepotencia, corrupción e impunidad.

La tragedia volvió a sacar de sus casillas a la Presidenta. Acusó el duro golpe y arremetió no contra los responsables, sino contra los medios que por función reportaron el hecho y sus antecedentes. En su ira, solo le faltó decir que los deudos y heridos que visitó habían agradecido al gobierno el accidente.

Sobraron advertencias de conocedores sobre los riesgos que implicaba la improvisación, la planeación sin rigor, el uso de infraestructura y equipos viejos, materiales de mala calidad y el trabajo acelerado para concluir obras en los tiempos de capricho del macuspano.

Sobran pruebas de la millonaria corrupción presente en cada uno de sus proyectos mesiánicos, cobijados en la opacidad de las fuerzas armadas.

Maestros de la retórica populista, prestidigitadores en el ocultar la realidad y desviar la atención ciudadana, en el obradorismo sus prohombres y sus promujeres -término hoy necesario- logran minimizar lo adverso hasta que la verdad revienta y los desnuda.

Existen pruebas de como manejaron los hijos de López Obrador, sus familiares y amigos-cómplices el inmoral, ilegal e irresponsable negocio de vender balasto de baja calidad para dar soporte a las vías de los trenes Maya e Interoceánico.

Ese material, fundamental pero fuera de norma, como advirtieron expertos, ha originado sucesivos y acallados accidentes en ambos ferrocarriles.

En una de las conversaciones grabadas, de varias presentadas por Carlos Loret en Latinus, los actores del delito revelan sin mínimo recato como pagaron a los laboratorios de prueba para aceptar el balasto inadecuado y llegan al descaro de anticipar que “ya cuando se descarrile será otro pedo”.

Vino el descarrile y el tren en el barranco, con 14 muertes y más de un centenar de heridos, arrastró también el cierre de año de Sheinbaum, que con la técnica de dejar pasar el tiempo había logrado aminorar presiones para investigar y castigar la múltiple corrupción de los vástagos de López Obrador y otros próceres.

Es la misma estrategia utilizada en el caso del huachicol, escándalo revelado a raíz de disputas internas -ciertamente rebatingas de poder- entre las tribus que conforman Morena y que entre otros efectos llevó a la expulsión del impresentable Alejandro Gertz Manero como Fiscal General.

Delito por miles de millones de pesos, con asesinatos y manchas a la respetada imagen institucional de la Armada, el huachicol fue arrumbado finalmente en el silencio oscuro del encubrimiento oficial, sin tocar a quienes por acción u omisión son culpables de una suma de actos de corrupción: López Obrador y Rafael Ojeda, su hasta ahora intocado Secretario de Marina.

Suma, porque el mismo almirante Ojeda, con obvio conocimiento de su jefe, fue quien autorizó adquirir el balasto mortal al clan López Beltrán y prestanombres. Y el actual secretario, encargado de la obra, lo aceptó.

La lógica de un ejercicio político sensato situaba al trágico hecho como una oportunidad para la Presidenta, la de aplicar la ley y someter a la mafia lopista, con el efecto de al menos limitar la contaminante impunidad y aminorar las presiones sobre su mandato.

Pero no. Eludió una investigación técnica independiente sobre la responsabilidad obvia, para refugiarse en lo trivial de una Fiscalía distante de la ley a ciegas y hoy más que nunca supeditada a los intereses políticos del Poder Ejecutivo.

Seguro pesó la experiencia del “deslizamiento hacia el suelo” de la Línea 12 del Metro de CDMX, tragedia cuyo peso la llevó a un peritaje internacional que luego inválidó, porque los expertos señalaron causas y culpables que la involucraban.

Ahora recurrió a la elusión del hecho central, las responsabilidades, con la exaltación del gesto humano de acercarse a deudos y heridos, con la oferta de otorgarles una cantidad de efectivo inmediato, adicional a la que en su momento entregará la póliza de seguro como indemnización.

Al paso de los próximos días, semanas y meses, seguirán diluyendo la inacción legal en verborrea matinal, como hicieron con el huachicol y también con Segalmex, las malversaciones en compras de medicinas, la superfarmacia y más.

Para disfrazar la impunidad, en la tragedia anunciada del tren es dable apostar que se marcará como único responsable al conductor del convoy y hasta allí.