Plantean que estados cobren tenencia para aliviar sus finanzas

Crecerían ingresos propios de las entidades casi en un 3%

Desde que la tenencia se convirtió en un impuesto estatal, varias entidades federativas decidieron no cobrarlo: actualmente 13 estados recaudan este impuesto con un subsidio menor al 100 %. Asimismo, desde 2007, la recaudación por tenencia ha disminuido 39.8 %, a pesar de que el parque vehicular creció 129 % a nivel nacional.

En el documento, “Rediseño del impuesto a la tenencia. Potencial recaudatorio y progresividad”, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) y Transparencia Mexicana, estiman que, el rediseño de dicho impuesto, permitiría recaudar 98 mil 966 millones de pesos (mdp), lo que representaría un aumento promedio del 2.8 % en los ingresos propios de las entidades federativas, reduciendo la dependencia de los recursos federales en un 2.4 %.

Esta estimación se basa en el supuesto de que la tenencia se convierta en un gravamen homogéneo en todo el país, recaudado y administrado por los estados. El rediseño contempla criterios de progresividad basados en el valor del vehículo; componentes ambientales que penalicen a aquellos con mayores emisiones de gases de efecto invernadero; así como gravar a los que ocupen mayor espacio en la infraestructura vial.

Este rediseño debe acompañarse de un registro vehicular nacional actualizado y homologado que permita una correcta aplicación del impuesto pues, actualmente, se carece de información para identificar los registros por entidad. Con lo anterior, el CIEP refiere que no es necesario crear nuevos impuestos para fortalecer los ingresos de los gobiernos subnacionales, sino aprovechar los existentes, como la tenencia, que ha mostrado ser una fuente importante y estable de recursos.

El rediseño de la tenencia reforzaría las finanzas públicas subnacionales e incentivaría una transición hacia una movilidad más sostenible. Al aplicar un gravamen progresivo a los vehículos más contaminantes, más caros, y a aquellos que demandan mayor uso de la infraestructura vial, se fomentaría el uso responsable de los recursos públicos y ambientales. 

Los ingresos obtenidos podrían destinarse a inversiones clave, como el desarrollo de transporte público sostenible y el cuidado al medio ambiente.