¡AL HUESO!

Soberanía de oropel

Provoca natural rechazo la agresividad de Trump hacia México, pero se debe reconocer que para vergüenza tiene soporte en la colusión de políticos y policías con la delincuencia organizada, que no es nueva, pero ha alcanzado una dimensión terrorífica. Tratar de encubrir acusados con la soberanía, es demeritar un principio fundamental del Estado.

“La soberanía de la ley debe estar siempre por sobre la de un ciudadano”. Aristóteles

El problema no es Trump y su amenaza de realizar acciones punitivas por cuenta propia en nuestro país -que eso si violaría nuestra soberanía-, sino un gobierno contaminado por la delincuencia, que se esfuerza en dar impunidad a los políticos de su sello involucrados y con ello abona el discurso de un troglodita que no tiene límites. 

Usada para barrido y trapeado, a la noble e imprescindible soberanía López y Sheinbaum la han convertido en indigno escudo para encubrir delitos cometidos por cuadros afines. Han vulnerado el concepto, además, con decisiones ilegales.

Lo más patente es la acusación formal presentada por la justicia del vecino país contra el ex gobernador Rocha Moya y sus cómplices en los acuerdos político-financieros suscritos con el Cártel de Sinaloa, utilizados para candidaturas de MORENA y beneficio propio.

En estricta aplicación del tratado de extradición entre nuestro país y Estados Unidos, el tribunal de Manhattan, que procesa la acusación, no está obligado a entregar -a través del Departamento de Estado- más pruebas que la enunciación de los delitos contemplados. 

Y en tanto se presenta la solicitud oficial de extradición con todos los requisitos -incluidas ahí sí pruebas que sustentan la acusación-, el gobierno de México debe proceder a la detención provisional, máxime si existe riesgo de fuga, en este caso más que evidente.

Pruebas existen y aunque permanecen en reserva, las conoció un jurado y las consideró suficientes para dar paso al enjuiciamiento. Además, como lo adelantó Todd Blanche, fiscal general estadounidense en funciones, esperan recabar otras en la medida que extraigan mayor información en negociaciones con los narcos en sus prisiones. 

Aunque la Presidenta lo niega, ahí está su quebradero de cabeza y la intentona de ganar tiempo, a la que Trump replicó con la insistente amenaza de actuar por su cuenta con operativos en nuestro país. Le redituarían políticamente y por baja popularidad le urgen.

Sheinbaum, se supone, intuye que, si bien la colusión de Moya y los suyos con el cártel era y es de conocimiento común, las pruebas centrales son declaraciones de testigos, algunos de ellos delincuentes en espera de favores judiciales a cambio. 

Un problema es como cuestionar ese sustento, si es similar al aplaudido por su mentor y ella misma cuando se condenó a García Luna, incluso con flagrantes falsedades como las que emitió Javier Villarreal Hernández, extesorero coahuilense convicto.

Otro, que acceder en su momento a la petición de extradición agravará la evidente y cada día mayor rispidez en la relación con los ultras de MORENA. Envueltos en la bandera, se han atrincherado ante lo realmente temido, que las acusaciones escalen hasta cobrarle a su santón el “abrazos no balazos” para encubrir los acuerdos con los delincuentes.

Uno más. Si finalmente bajo la espada de Damócles de la renegociación del tratado trilateral y la presión de Washington no cede, el costo menor será la entrega, bajo certeza de que Rocha y los suyos negociarán con los fiscales y no dejarán morenista relevante en pie. Ya lo amenazó: “Esto no es contra mí, sino contra el movimiento y Andrés”.

Así también quedó claro con el intento de negociación de los abogados del senador morenista Enrique Inzunza, hoy refugiado en su fuero parlamentario, para convertirse en “testigo cooperante” y obtener un mejor trato. 

Y algo extra. El bla, bla diario sobre la soberanía no ha permeado en la opinión pública, como demuestran una encuesta del propio gobierno y una privada. Dos tercios de la población no duda de la culpabilidad de Rocha y demás, ante lo cual se inclinan por su entrega para ser juzgados en Manhattan.

Al margen de este caso preciso, se debe señalar que el propio gobierno no tiene autoridad moral para invocar la soberanía con tanto énfasis: en el caso de los 92 naco-delincuentes entregados bajo el gobierno de Sheinbaum, no se siguió ningún proceso formal, se violaron derechos e incluso amparos en favor de algunos de ellos.

Asimismo, a partir de una visión rigurosa del principio de soberanía, tampoco hay argumento para defender que la delincuencia organizada haya tomado -y en varios casos aún mantenga- el control tolerado en amplias zonas del país, donde los gobiernos electos son solo parafernalia o han estado y/o están a su servicio.

Si rascamos un poco, no es tampoco soberanía suspender el suministro de combustibles a Cuba por presión abierta de Donald Trump, como tampoco haber aceptado reabrir el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México a operaciones de carga y más vuelos de pasajeros de líneas estadunidenses. En ambos casos, la mentada visión morenista de la soberanía no pudo sostener decisiones irracionales y autoritarias de Andrés López.

Es claro que la globalidad y la multilateralidad del mundo actual ha variado en forma importante los límites del concepto de soberanía y en toda negociación comercial -por ejemplo- cada una de las partes debe ceder en alguna medida aspectos de ese principio a cambio de los beneficios que esa cesión implica.

Lo mismo en otros campos como la droga. Si bien los gobiernos estadounidenses no han hecho mucho por controlar el consumo interno y el jugoso negocio del tráfico de armas, cuando nuestro principal socio comercial solicita respaldo frente a la gravedad del fentanilo -que aquí se produce- y ofrece apoyo para combatirlo, no es digno esgrimir la soberanía para encubrir la inacción o proteger a políticos comprometidos con el crimen.