¡AL HUESO!

Cosas peores

Inmersos en la crisis por protección descarada a Rubén Rocha, otra de mayor calado y con temible proyección al futuro no concita similar atención ciudadana: la calificación negativa emitida por S&P para la confianza financiera en el país refleja la trágica situación a la que nos han llevado.

“La patria nunca debe ser abrigadora de crímenes”. José de San Martín.

Enfrascados como estamos día a día en el costo de los “abrazos no balazos”, con las presiones crecientes de Donald Trump y su equipo sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum, otras crisis con mayor impacto presente y futuro pasan casi desapercibidas.

En la pasada semana, las advertencias desde Washington para que cese la protección a los acusados fueron en aumento en frecuencia como en gravedad, hasta la entrega de dos actores centrales y la orden a los fiscales del Departamento de Justicia de ir contra más narco-políticos. Los hechos mantuvieron a la Presidenta en una esquina del cuadrilátero ensayando distractores para desviar los golpes, sin lograrlo.

Lo peor fue puesto sobre la mesa por la cadena noticiosa estadounidense CNN, al señalar a la CIA como artífice del atentado con bomba que destruyó una camioneta en Tecamac, Estado de México, en que murió el narco-delincuente Francisco Beltrán.

El señalamiento fue negado por el Secretario de Seguridad García Herfuch, pero casi de inmediato The New York Times precisó que la CIA solo proveyó la información precisa del movimiento de Beltrán y la operación final fue obra de policías mexicanos. La mañana siguiente, Sheinbaum quiso negar lo más que sabido: “La CIA no opera en México”.

Haiga sido como haiga sido (Calderón dixit), el hecho no solo refrenda la presencia omnipresente de organismos estadounidenses en el país, sino peor, revela el nivel al que se precipita la crisis diaria en seguridad: uso de prácticas terroristas por la autoridad. 

Sin embargo, al margen de esa debacle se reveló otra y más preocupante con la decisión de S&P Global Rating, la denominada “reina de las calificadoras de riesgos”, que colocó la etiqueta de NEGATIVA a la confianza crediticia de México de PEMEX y de la CFE-, a partir de la complicada situación financiera que enfrentan, con suma de indicadores adversos.

De acuerdo con la opinión de la firma, la debilidad financiera en que se encuentra el país se origina por un sostenido déficit fiscal, bajo crecimiento económico y crecientes recursos para sacar a flote a los dos principales lastres actuales, Petróleos y la Comisión.

En proyección al futuro, Standard and Poor´s advierte que podría rebajar aún más la calificación de no cambiar la actual situación, dado que para solventar el déficit Hacienda solo tiene como recurso visible incrementar el ya extremo endeudamiento país. 

Otro factor preocupante, señala S&P, es la relación friccionada con Estados Unidos, el principal socio comercial, ante la renegociación cercana del tratado trilateral con Canadá, cuyos nuevos términos podrían agravar la parálisis económica de México.

Como salida posible, la firma señala un incremento de la inversión privada “dura” -no especulativa- que propicie crecimiento económico, revierta los bajos niveles de empleo formal e incremente la recaudación fiscal.

Contradictorio, dado que la propia calificación negativa y las consideraciones que emite, impactan en la confianza de los potenciales inversionistas, que ante las reiteradas invitaciones presidenciales dicen que si en público y acrecientan sus dudas en privado. 

El Gobierno Federal confía en la apertura a la inversión mixta en obra pública e infraestructura como factor central para frenar esa caída que niegan, aunque justamente la pérdida de calificación atenta contra esa esperanza.

Ante el balde de agua gélida, la Presidenta dijo cándidamente que S&P se equivocó y el secretario de Hacienda, Édgar Amador, se refugió en lo ritual, al confiar en que “las acciones que estamos haciendo serán suficientes para convencerlos de regresar la perspectiva a su nivel original”. Evidentemente procedía evitar perder una calificación baja y no tener que recuperarse de una negativa.

Difícil la tarea en las condiciones actuales. Ni el secretario ni la Presidenta reconocen el fondo del problema, esa herencia negra que recibieron de la anterior administración, dada la irresponsabilidad financiera y el voluntarismo de Andrés López, cuyos demoledores efectos futuros fueron oportunamente advertidos por Carlos Urzúa (+) al renunciar a Hacienda a poco de iniciado el pasado sexenio.

A diferencia del anterior gobierno, hoy la administración federal no tiene margen de movimiento, dado que no están disponibles variados fideicomisos, ahorros y reservas dictatorialmente apropiados por López Obrador para gasto corriente o dar sustento a sus obras faraónicas, que hoy son un lastre financiero adicional a PEMEX y la CFE.

Si ya la inversión pública está en extremo deprimida (basta comprobar el estado de las carreteras por las que se mueve la economía), menos posible es esperar un ajuste en los programas sociales, de toda justicia, pero diseñados como un factor de dominación política, sin pensar en la necesidad de generar soporte económico para sostenerlos. 

Rememorando la astucia de Lázaro Cárdenas tras la nacionalización del petróleo, hoy ante las dos principales crisis -inseguridad y económico-financiera, porque hay más- cabría la utopía de llamar a un esfuerzo nacional para superar esta etapa.

Lo podría realizar un mando con visión de Estado, aunque el obstáculo es que la calificación de confianza en nuestros políticos está peor que la de S&P.