¡AL HUESO!

Tiembla en La Chingada

Demoledora, la solicitud de captura y extradición del gobernador Rocha y un grupo de políticos sinaloenses es solo punta de iceberg en una compleja defensa geopolítica del gobierno estadounidense que -lo sepa o no- involucra a Andrés López y todo su movimiento.

“Si el gobierno decide cuando se aplica la ley, no hay estado de derecho”. Muñoz Ledo.

En lo dicho y lo predicho, un nuevo escándalo resta atención al escándalo en boga y otra crisis se suma a la anterior. Mientras el gobierno federal vive a salto de mata, los ligeros avances -en seguridad, por ejemplo- palidecen frente a la negra herencia del pasado inmediato y lo sumado en los 19 meses del presente sexenio.

En estos días el centro de atención son las consecuencias del mazazo político que desde Washington asestaron al triángulo corrupción-encubrimiento-impunidad, con la acusación y solicitud de extradición del gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya, el senador del mismo estado Enrique Inzunza y otros funcionarios administrativos y policiales.

La relación con la delincuencia de Rocha Moya, dirigentes locales de Morena y cuadros que se integrarían al gobierno es de larga data y se hizo particularmente evidente desde la campaña electoral, con participación abierta del principal grupo delictual para facilitar el triunfo, tanto con oscuro financiamiento como en la neutralización de opositores.

Salvador García Soto, columnista de El Universal, reveló que tras la elección el propio Rocha Moya le reconoció haber negociado con el cartel de Sinaloa: "Pues, mira Salvador, no nos hagamos pendejos. Aquí todo mundo sabe cómo está la cosa. Yo fui y hablé con ellos, los conozco porque soy de Badiraguato. Y yo fui a pedirles su apoyo. Quien te diga que quiere gobernar Sinaloa y no tiene el visto bueno de ellos, te miente. Así es la cosa".

Que algo vendría se hizo esperable desde la extracción y enjuiciamiento de Ismael Zambada, el asesinato de Héctor Melesio Cuen y la entrega de los hermanos Guzmán, certeza de que negociarían con información ante las autoridades estadounidenses.

Pese al cúmulo de evidencias, no hubo atisbo de una investigación seria y en todos los casos la actitud tanto de Andrés López como de la hoy Presidenta fue desestimar los señalamientos, encubrir los hechos y respaldar al gobernador, con visitas a la entidad, discursos protectores, fotografías festivas y alusiones al escudo de moda: soberanía.

Avisados con antelación por el embajador Johnson, cuando ya se conocían indicios a través de Los Ángeles Times, una Presidenta acorralada y destanteada evitó preguntas en su corta aparición matinal y ante la noticia que impactó al país hubo horas de silencio oficial.

En los días siguientes y en el afán de desviar la atención del centro de la crisis, Sheinbaum refrendó su absoluto desconocimiento del derecho con cuestionamientos a Washington por su proceder, mientras versados juristas mexicanos avalaron que tanto el tribunal de New York como el Departamento de Estado y el propio embajador Johnson se han ceñido con pulcritud al tratado de extradición vigente. 

Fuentes de la DEA confidenciaron que la acusación a Rocha y el grupo -como otros casos aún no revelados- requirió meses de proceso antes de ser admitida en tribunales y en este caso la difusión se apresuró tras la postura del gobierno mexicano por el operativo en Chihuahua, en que los agentes de la CIA fallecidos por accidente, que habían coadyuvado con las autoridades locales, fueron prácticamente convertidos en delincuentes.

En la tabla floja de presionar la renuncia del gobernador, para iniciar el largo curso legal encaminado a una eventual extradición y así ganar tiempo para negociar y responder racionalmente, se optó inmediatamente por encubrimiento y confrontación, fortaleciendo a los duros que desde la DEA y el republicanismo abogan por acciones radicales.

Dado que en este caso el tratado de extradición vigente y sus términos hacen superfluo rasgarse vestiduras con la manoseada soberanía, tampoco pudo sacrificar a los menos relevantes de los acusados, centralmente los policías indudablemente involucrados, bajo riesgo de que también negociaran y terminaran por fortalecer la acusación.

Tardíamente se hizo que Rocha y el alcalde de Culiacán solicitaran licencia, en tanto el senador Inzunza se resistió y busca ser testigo protegido. Como precisaron varios juristas, al separarse del cargo gobernador y alcalde quedaron sin fuero. Por lo tanto, en cumplimiento del tratado y la solicitud cursada oficialmente, deberían ser detenidos.

Vista la ramplonería mostrada desde hace siete años, es casi merecimiento indebido concederles visión de fondo y de largo plazo, por lo que seguramente en las reacciones no están viendo la sustancia en el proceder del secretario de Estado, mano que mece la cuna.

Desde la óptica de los duros que Rubio encabeza, nucleados en la base de apoyo principal de Trump que es MAGA (Make America Great Again), la corrupción atávica en nuestro país es aspecto mínimo, dado que su foco de atención está en el dominio geopolítico mundial.

Por facilidad de transporte y efectos demoledores en salud, el fentanilo rompió límites en el controlado mercado estadunidense de las drogas y lo ven como arma de conspiración política bajo mesa de China, Rusia y Corea del Norte, acción destinada a debilitar socialmente a Estados Unidos y acelerar su desgaste como potencia mundial en declive.

En ese ámbito se inscribe la declaratoria de “terroristas” para los grupos de narcos. Y se enlazan las acusaciones que tienen a Nicolas Maduro bajo juicio, con los efectos de la permisividad y protección que Andrés López otorgó a los dos principales grupos, el Cartel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, procesadores en México de la droga.

Extraoficialmente se sabe que hay al menos dos procesos iniciados en tribunales de Estados Unidos contra el hoy preocupado exiliado en “La Chingada”, los que se van nutriendo con la información de “los chapitos” y “el mayo”, antes de solicitar formalmente las órdenes y la extradición. O capturarlo directamente, como en Venezuela.