¡AL HUESO!

¿Más seguros?

Una reducción importante en el número diario de asesinatos se pregona desde el gobierno federal como éxito de un cambio en la política de seguridad que no se quiere reconocer. Sin embargo, el drama de la inseguridad no disminuye tanto como se festina y obedece, en parte, a manipulación de datos y ocultamiento bajo otra tragedia, las desapariciones.

“La única lucha que se pierde es la que se abandona”. Madre de la Plaza de Mayo.

De acuerdo con las muy cuestionadas cifras oficiales, a partir de un sistema “remodelado” al inicio del presente sexenio, los asesinatos diarios en el país han disminuido en un 44% en relación con el promedio del sexenio anterior.

Si bien desde la tribuna presidencial se presenta como un gran logro de la política de seguridad que ha disimuladamente abandonado los “abrazos no balazos”, más de 37 mil asesinatos desde el inicio del actual mandato es una cifra que no permite alegorías.

Máxime cuando en paralelo a esos informes -también de acuerdo con cifras del propio gobierno- se registra un incremento en la desaparición de personas, con un número acumulado de 119 mil hasta el mes de marzo de 2026. 

Peor, la mayor parte del crecimiento en desapariciones corresponde a adolescentes, con mayor incidencia en jóvenes entre los 15 y 17 años y un número también creciente de víctimas del sexo femenino.

A partir de esas diferencias en la incidencia criminal, un estudio realizado en conjunto por el Colegio de México, la Universidad Iberoamericana y México Evalúa, titulado “Geografía de la Crueldad”, establecen que las cifras frías del recuento oficial, en que se basa el discurso de “avanzamos”, no reflejan una realidad cambiante.

El análisis, recogido principalmente por el portal Animal Político, apunta que la cifra de homicidios es solo un componente del problema nacional de una violencia imparable en que se conjugan esas muertes con la desaparición, el reclutamiento forzado, los feminicidios, extorsión y desplazamientos obligados, “lo que conforma un sistema de dominación criminal sobre territorios y poblaciones”.

Indican, además, que en ese cambio de parámetros del fenómeno de la violencia, hay mayor incidencia hacia ciudadanos y organizaciones civiles que investigan, denuncian, realizan búsqueda, revelan fosas y otros activistas sociales que con su acción entorpecen los negocios ilegales de los grupos delictivos. 

En tal contexto, permanecen dos conductas gubernamentales que lesionan particularmente a la sociedad, que no son nuevas pero no logran la atención prometida por el humanismo pregonado desde el pasado sexenio hasta el presente.

De una parte, la falta de atención real y debida a la responsabilidad fundamental del Estado de encabezar las labores de búsqueda de las personas desaparecidas, tarea que sigue entregada principalmente a los grupos de familiares, quienes con escasos recursos propios y un alto riesgo de agresión peinan territorios buscando vestigios.

Ante la presión de los familiares, de organismos de derechos humanos de la sociedad civil y de la opinión pública, la Presidenta argumentó que se había establecido la obligación de que ante una denuncia de desaparición las fiscalías abran de inmediato carpetas. Hasta ahí y de hecho comprobación de que ni eso hacían, acogidos a la respuesta inmediata de “se debe esperar 72 horas para comprobar la desaparición”.

Se suma la inaceptable actitud de las fiscalías de tratar de desvirtuar los hechos para restarles impacto moral, como sucedió particularmente en el caso del rancho Eizaguirre, en Teuchitlán, Jalisco. Confesiones de sicarios, prendas encontradas y vestigios de incineradores improvisados probaron su condición de campo de exterminio, mientras las autoridades federales y locales insisten en que era solo de un campo de entrenamiento.

En respuesta a la negativa de acceder a las pruebas, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco insiste en que las más de 1800 prendas de vestir y objetos personales identificados en el lugar son evidencia de desaparición e impulsan la acción “Las prendas Hablan”, para a través de internet reconocerlas y relacionarlas con personas ausentes. 

Esas mismas autoridades, en conjunto con los gobiernos, son responsables de otro hecho que agrava su desidia: se contabilizan en los semefos del país más de 73 mil cuerpos humanos y restos que no han sido identificados. Sin minimizar la responsabilidad oficial, podrían reducir la dolorosa cifra de desaparecidos.

Se conjugan en esa lamentable situación las justificaciones gubernamentales –“no hay recursos”- con las acusaciones rituales de los encargados: falta de fondos, escasez de personal calificado y, sobre todo, ausencia de una sólida base de datos nacional que permita buscar con rapidez y seguridad coincidencias que lleven a la identificación.

Incluso aquí, donde se dio un paso adelante con la creación de la Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila, se ha denunciado abulia y burocratismo de los funcionarios, principalmente con familiares que provienen de otras entidades y por tanto deben sufragar gastos importantes para proseguir sus propias investigaciones.

Lo hacen principalmente recurriendo a las carpetas de investigación generadas en las fiscalías, lo que les representa lograr que se las proporcionen y sumergirse luego en procedimientos mal realizados, con incoherencias y un lenguaje jurídico confuso.

“Generalmente, todos los esfuerzos van a la búsqueda inmediata, que son los recién desaparecidos. Las carpetas de larga data, si no van a hacerle un seguimiento, pues definitivamente se va como al fondo de los expedientes”, expresó a Animal Político Marco Velázquez, quien busca en Piedras Negras a su sobrino Carlos Monroy.

Para las familias, más que la muerte constatada, la desaparición es una tortura permanente, agravada por el desinterés de autoridades que sin el menor pudor festinan cifras manipuladas como grandes éxitos de políticas que no van al fondo.