¡AL HUESO!

AHMSA y la perversidad

Cuando finalmente la crisis de AHMSA parecía encaminarse al inicio de una recuperación en nuevas manos, uno más de los absurdos del gobierno federal revirtió lo avanzado y situó a la empresa a un paso de que los inversionistas abandonen

“Entre un mal gobierno y un pueblo que lo permite hay vergonzosa complicidad”. Víctor Hugo.

Todo parecía encaminado a la menos peor de las soluciones: Alonso Ancira y familia, tras cinco años de acorralamiento, aceptaron el despojo, acordaron entregar sus acciones sin retribución al grupo Argentem, liderado por el estadounidense Dan Chapman, que por intercambio de deuda ya poseía alrededor de veinte por ciento de AHMSA.

El acuerdo inicial, culminado por las partes a inicios de 2023 con la renuncia del antiguo Consejo y la designación de nuevos miembros, requería aval del Gobierno Federal para renegociación de la deuda acumulada con el sector público. Durante un año avanzó a tropezones ante una burocracia federal dominada por la sostenida agresividad de López Obrador hacia la empresa y su creencia de que Ancira estaba detrás de Argentem.

Sumaba al odio del Presidente el hecho de haber eludido los accionistas mayoritarios la embestida de Julio Scherer y Julio Villarreal (los denominados “julios regalados”) buscando instrumentar la animosidad de López Obrador para apropiarse de la empresa a través de truculencias y trafiques judiciales, caso abordado con precisión por el morenista Hernán Gómez Buera en su libro “Traición en Palacio”.

La nube de humo que ocultaba las manipulaciones en el affaire Agronitrogenados-AHMSA ha sido poco a poco difuminada por sucesivos fallos judiciales, que develan la inmoral maquinación, y terminará de quedar a luz con la investigación del Consejo de la Judicatura sobre Artemio Zúñiga Mendoza, el juez que Zaldívar puso al servicio de Scherer para tratar de apoderarse de la empresa. 

En paralelo al proceso de fijación de términos del acuerdo básico entre los Ancira y Argentem, AHMSA agotó los últimos recursos financieros con el abono de 54 millones de dólares a PEMEX, la segunda cuota de la extorsión por 216 mdd instrumentada por el gobierno a través de Scherer con base en la compraventa del complejo Agronitrogenados.

Con siderúrgicas y minas fuera de operación por el impago de electricidad y gas, en el gobierno de “primero los pobres” cerca de 20 mil obreros y empleados de la acerera monclovense comenzaron a vivir su propio drama, con suspensión de salarios y de pagos comprometidos de liquidaciones. A la vez, la cancelación de contratos a terceros y no saldar deudas con proveedores dejaron en la incertidumbre a otras 60 mil familias.

Los más visionarios y afortunados optaron rápido por opciones en industrias locales que se beneficiaron de la calidad técnica de los desplazados, otros encontraron espacios en la demanda de fuerza de trabajo de los complejos industriales de Saltillo y la frontera, mientras los más audaces cruzaron la línea como trabajadores legales e ilegales.

Así, en la Región Centro, la más afectada, el impacto social -como en parte también el económico- se diluyeron parcialmente y desde fines de 2023 se abrió una ventana de esperanza con la visita de un grupo de expertos asiáticos, cuyos integrantes avalaron la calidad de gran parte del equipamiento y la potencialidad de negocios, especialmente al cobijo del tratado comercial trinacional.

En paralelo, finalmente las negociaciones de Argentem con un Gobierno Federal presionado por la cercanía de la sucesión avanzaron a través de la Secretaría de Hacienda, encargada del tema por el Presidente, y se delinearon acuerdos de pago diferido para los adeudos con el SAT, IMSS, INFONAVIT y PEMEX.

Se dieron así las condiciones para abrir la puerta a una inversión global estimada en 4 mil millones de dólares, destinada a mantenimientos imprescindibles para la maquinaria deteriorada por el paro y los robos, pago a trabajadores y grandes acreedores financieros, así como adquisición de nuevo equipamiento. 

Con la concreción de la renuncia de Alonso Ancira -presentada un año antes- y la toma de posesión de un nuevo consejo dominado por Argentem, todo parecía encaminado al reinicio de operaciones en el curso del primer semestre de este año.

En ese concierto, como requisito para terminar los procesos de Concurso Mercantil, Argentem presentó una draconiana propuesta de convenio, en que prácticamente avisó a los acreedores comunes que no les pagará nada, lo que tragando saliva la mayoría ha aceptado en la esperanza de una reactivación que conlleve oportunidades de negocios. 

Y el sorpresivo cubetazo de hielo llegó de un gobierno sin ton ni son: en una acción en que los sospechosistas ven la “golden hand” de los julitos, el SAT, dependiente de la misma Secretaría de Hacienda que había viabilizado los acuerdos con Argentem, sacó de la nada un crédito fiscal por 60 mil millones de pesos por falta de aclaración de observaciones durante 2023, cuando el personal estuvo impedido de ingresar a oficinas y acceder a la información contable.

Efecto inmediato, se frenó el ímpetu de los inversores, que no terminan de entender las incongruencias y perversidades de la política mexicana -ahondadas en el actual sexenio- y pusieron en espera la disposición de recursos. En términos conservadores, así permanecerá la situación por algunos meses, en tanto un gobierno despreocupado de su función y volcado en lo electoral resuelve sus propias contradicciones.

Mientras, en lo local la empresa apenas respira en tierra de nadie, con nuevos y nebulosos mandos a control remoto, desconocedores de la política, la sicología y la sociología de la realidad en que actuarán, y un cuerpo directivo agotado, que planea en el aire escenarios para un momento que en cada cercanía se les aleja.

Víctima diaria de robos de herramientas, equipos y sobre todo materiales eléctricos, AHMSA enfrenta además la ambición de Napoleón Gómez Urrutia, el inmoral e ilegal líder sindical cobijado por el morenismo. Repudiado en su momento por la mayoría de los trabajadores en siderúrgicas y minas, hoy busca sacar tajada a río revuelto a través míseros pagos a un grupo de no más de 50 obreros, extrabajadores y porros, con los cuales mantiene bloqueadas las instalaciones, impidiendo el ingreso de los técnicos para evaluar los equipos y también la venta de materiales no esenciales, que permitirían pagarles a ellos mismos parte de sus salarios.

Toda una cauda de ilegalidades, en parte incluso bajo la tolerancia e inacción de la anterior y la actual administración estatales y sus organismos, como la Fiscalía General del Estado, que no solo incumple su obligación de atender las repetidas demandas, investigar los hechos, así como identificar y consignar responsables -por ejemplo a los compradores de lo robado-, sino que de hecho en momentos se ha puesto abiertamente del lado de los trasgresores, como sucedió en el caso del hoy depredado mineral de Hércules. 

Lo señala un irritado empresario local, en la crisis de AHMSA tenemos una muestra clara y dolorosa de lo que ha representado para el país el “Ayatola de Macuspana”.