¡AL HUESO!

Justicia mala y bajo asedio

La Corte pasó a enemiga por cumplir su función y haber señalado la violación del marco constitucional en intentonas políticas del Presidente. La principal y más dolorosa, el rechazo a prolongar la sumisión al alargar ilegalmente la presidencia del ministro Zaldívar

“Es un hombre sumamente mediocre… su mente está absolutamente vacía”. Rob Riemen, filósofo neerlandés, sobre López Obrador.

 

¿Hay corrupción en el sistema judicial mexicano? Desgraciadamente sí, mucha, en todos sus niveles y de diferentes tipos, pero la venalidad no es un mal general; hay también jueces justos, honestos, eficientes, y personal de soporte jurídico de alta profesionalidad.

¿Tienen deficiencias los marcos bajo los que trabajan los tribunales federales y estatales? Definitivamente sí y eso va en perjuicio de la ciudadanía que recurre por justicia o quienes son procesados y sufren las tortuosas redes que desembocan en años sin sentencia. 

¿Es clasista la justicia en México? Definitivamente sí. El dinero y las posiciones de poder marcan un trato netamente diferente en los vericuetos de los tribunales. El pobre tiene menos esperanzas de justicia y la defensoría de oficio es un recurso minusválido y también tocado por la corrupción.

¿Confía la población en el sistema judicial? Definitivamente no, le teme y lo demuestran las cifras. Solo 6.4% de los delitos son denunciados ante el ministerio público y de ellos solo 14% termina en una condena en tribunales. O sea, el imperio de la impunidad.

¿Busca López Obrador un mejoramiento del sistema de justicia? Definitivamente no. Su obsesión es política, someter a un poder constitucional que, con toas sus deficiencias, ha rescatado independencia.

 La última reforma profunda, con el establecimiento del sistema penal acusatorio, significó un paso relevante hacia una mejor justicia en la Federación y en los estados, pero el cambio aún no termina de cuajar y sobreviven viejos factores que lo frenan.

Uno, y central, es la continua sumisión de los sistemas judiciales a los ejecutivos, situación que vulnera la necesaria independencia establecidas en todas las constituciones y por ende anula el necesario equilibrio de poder y debilita al Estado. 

A ello se suma como factor original la igualmente nula independencia de procuradurías y fiscalías, la perenne corrupción que domina en ellas y la mala calidad de su trabajo, que termina con no poca frecuencia en fracaso de las acusaciones por incumplimiento de protocolos, desaseo legal, debilidad y falseamiento de pruebas, o simplemente porque la acusación fue negociada para encaminarla a su anulación en tribunales.  

Hay efectivamente razones para abordar una segunda reforma judicial, a la luz de las experiencias surgidas en el nuevo sistema, y avanzar en el cierre de espacios a los viejos lastres, que no son un fenómeno exclusivo de México y hay experiencias de corrección exitosas en otros países.

Lo primero y realmente más difícil, es lograr la real independencia política del poder judicial y fortalecer sus organismos internos de control, para garantizar y sancionar en forma estricta la moralidad de sus servidores.

No es, evidentemente, lo que busca el Presidente López Obrador con sus arremetidas contra el Poder Judicial Federal, que después de la abyecta sumisión de Arturo Zaldívar, apenas ha dado atisbos de recuperar dignidad bajo la mano de la ministra Norma Piña.

Tampoco es lo que se lograría con la iniciativa sobreviviente entre algunos congresistas afines a Palacio Nacional, de llevar la designación de los juzgadores a la arena del voto popular. Por el contrario, en el contexto de nuestro deficiente sistema político, terminaría por agravar los problemas.

La arremetida, que es una mezcla de berrinche y venganza, ya ha caído al nivel ramplón que acostumbra López Obrador cuando su hígado se inflama ante manifestaciones ciudadanas que menoscaban su egolatría, esta vez por la inesperada expresión en las calles de los servidores del poder judicial:

"Ahora que dicen 'no vamos a trabajar, va a haber huelga', no crean ustedes que a mí me preocupa mucho, porque esto va a significar que no van a dejar libres a delincuentes…”.  Y sumó 45 minutos de diatribas.

La Corte pasó a enemiga por cumplir su función y haber señalado la violación del marco constitucional en intentonas políticas del Presidente. La principal y más dolorosa, el rechazo a prolongar la sumisión al alargar ilegalmente la presidencia del ministro Zaldívar.

Lo requería López Obrador por su propio futuro. Han sido tantas las agresiones e ilegalidades contra diversos sectores, que las acusaciones están esperando en las puertas de los juzgados el término del sexenio.

Esa es la razón básica real de la embestida presidencial: no aceptar una división de poderes que represente un menoscabo a su auto erección como el poder sabio, único e indiscutible, capaz de pensar y decidir hoy y hacia el futuro por todos los mexicanos.

López Obrador sabe que en definitiva y vía los recursos legales que ya se preparan, la intentona de apropiarse de los fideicomisos será frenada por el propio máximo tribunal, situación que politizará y usará en la campaña presidencial donde también él quiere ser primer actor, con la anticandidata como su continuada marioneta.

En todo caso, este sainete de mala aura debe hacer reflexionar una vez más en la trascendencia de abogar para que el 2 de junio de 2024, cuando menos, se logre evitar el error de 2018, que entregó un poder casi absoluto al populismo y la sinrazón.