México de hoy

La lucha interna en el grupo que acapara el poder muestra desmoronamiento de la cohesión. Es acompañada por hechos que a diario muestran enorme distancia entre las alegorías oficiales y un país en crisis, soberanamente debilitado, empobrecido económica e institucionalmente.

“El que engaña encontrará siempre quien se deja engañar”. Nicolás Maquiavelo.

A contrapelo de la propaganda oficial y de los plácemes que alegorizan las comedias matinales, cada día hechos nos prueban un México en franco deterioro:

Menos pobres, más pobres.

Campanas al vuelo por una noticia que es brillante si se ve el vaso medio lleno, pero que se opaca cuando se escarba la parte medio vacía: el asistencialismo como estrategia electoral, operado desde el pasado sexenio, logró reducir en 4.1% la pobreza genérica.

El diferencial registrado entre 2022 y 2024 es relevante y en cifras frías puso a México con el mayor avance en ese rubro dentro de los países de la OCDE.

Sin embargo, el buen humor cambia cuando se analiza el costo país de esa política y se le inscribe en el marco general de los indicadores económicos, con resultado de que algo plausible, mal formulado, se ha transformado en uno de los principales lastres financieros.

Al no acompañar esa política redistributiva por un crecimiento económico equiparable -de hecho, el obradorato frenó la inversión privada-, el costo recae en la bolsa fiscal y el propio gobierno limitó su capacidad de acción. La inversión en obra pública, necesaria herramienta de desarrollo, disminuyó 30% y buena parte se destina a proyectos ideáticos y sin destino, que Claudia Sheinbaum heredo inconclusos.

Si se suma que el empleo permanente se encuentra en una sostenida baja (solo en julio se perdieron 17 mil) y el crecimiento del PIB para este año, según predicción general, apenas superará cero -menor al índice de 0.7% de crecimiento poblacional-, tenemos que si bien se redujo la pobreza, realmente se ha hecho más pobre al país y con él a todos.

Menos barriles y menos fondo.

No es necesario retomar el fracaso energético de López Obrador, un costal de mentiras y fracasos (PEMEX costó 26% más al país, la CFE un desastre). Lo grave es que el nuevo gobierno insista en cargar sobre las finanzas públicas la crisis histórica de las empresas “productivas”.

La actual mandataria anunció un cambio de fondo en Petróleos Mexicanos para sacarla del barranco, pero termina aumentando la abultada deuda pública del país al asumir la SHCP, de nuevo, gran parte del déficit. (Suma 1.5 billones de pesos entre 2018 y 2025).

No se atrevió a una reestructura de raíz, con visión empresarial, reducción y racionalidad de la plantilla laboral, apertura a coinversión y libre competencia, para hacer que la disminuida meta de 1.8 millones de barriles diarios (actual 1.37 millones) genere ingresos al país, solidez de la empresa y combustibles competitivos para los mexicanos.

¿Inocente o culpable?

En estos días, tras su liberación después de casi 20 años de “prisión preventiva”, a Israel Vallarta lo han vestido de héroe, principalmente a través de la red de propaganda de Presidencia, como elemento distractor de la multiplicidad de crisis y para insistir en la condena a Calderón, García Luna y Loret de Mola.

Él y Florence Cassez fueron relacionados con un grupo de secuestradores en que se sumaban familiares de Vallarta. La ciudadana francesa, condenada a 60 años de prisión con sentencia en firme, de la que cumplió 7, fue liberada por presión directa del Eliseo.

A ambos les favoreció el montaje cinematográfico de su supuesta captura -ya habían sido detenidos- escenificado por García Luna y su equipo, hecho que pesó por sobre los testimonios de las víctimas de secuestro, halladas precisamente en el rancho de Vallarta.

La liberación de este no resultó tan limpia como esperaban y la Presidenta optó por el papel de Pilatos y se lavó las manos, responsabilizando a la jueza.

Por vicios policiales rutinarios, como tortura y fabricación de verdades, hoy no sabemos a ciencia cierta si son o no culpables, pero queda claro el horror de la prisión preventiva que tanto gusta a quienes detentan el poder, así como las falencias de todo el sistema judicial.

Porque hay más. Mariana Vieyra, la juez que determinó la liberación de Vallarta, es una de las favoritas del régimen, que la incluyó en los “acordeones” para la elección judicial y es la misma que condenó a 89 años de cárcel a Malinali Gálvez, hermana de Xóchitl Gálvez, en un caso de fabricación de culpables similar al del rancho “Las Chinitas”.

Hoy tampoco sabemos si Malinali es realmente inocente o culpable, pero esa es la realidad de nuestro sistema de procuración (madre de todos los vicios) y de sanción, con tendencia a ser peor en el futuro, por el franco sometimiento de los juzgadores al poder.

Ad infinitum

Pablo Gómez, usufructuario ventajoso de la apertura política, será sepulturero de la joven democracia. El objetivo, quitar foro a la crítica y eliminar riesgos de cambio político.