Opinión
Sábado 22 de Enero del 2022 21:23 hrs

¡AL HUESO!

Militarizado y en tinieblas


Si algo caracteriza al actual sexenio en México es precisamente la escalada autoritaria. Quien piense distinto es un corrupto alineado con la ultraderecha y para obviar el esfuerzo de convencer, el Presidente si lo cree necesario pasa por sobre la ley

“Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”. López Obrador en campaña.

Si me estorban, al carajo la ley, al carajo mis compromisos y promesas, al carajo la Constitución.

Culminación de su carrera política, con un alud de ofertas fáciles y sin soporte real, logró captar el apoyo mayoritario de un electorado decepcionado de los políticos tradicionales y llegó a la Presidencia de la República.

Desde el inicio de su accionar comenzó a desentenderse de sus compromisos de campaña y generó una fuerte polarización de la sociedad, vulneró la institucionalidad, el país perdió gobernabilidad y, resultado de sus errores, se frenó la economía y creció la inflación.

Ante la falta de soluciones, sumada la presión opositora y de la sociedad civil, su gobierno entró en creciente inestabilidad, ante lo cual se refugió en el autoritarismo y en las fuerzas armadas, a las que entregó importantes posiciones y tareas en el quehacer nacional, dando paso a un estado de excepción permanente.

La presencia uniformada se hizo incontenible y descontrolada, a la vez que la obstinación personal en imponer sus decisiones y rehuir la negociación política, terminaron por hacerle perder el apoyo popular que le había llevado a Presidencia.

Cercado por la crisis, firmó un pacto secreto con los militares y juntos dieron un golpe de estado tras el cual disolvió el parlamento, designó directamente un consejo de estado, proscribió organizaciones políticas y civiles, a la vez que limitó las libertades ciudadanas y desató una cruenta represión.

El golpe y la posterior escalada autoritaria, incluida la intención de prohibir los partidos políticos, llevaron la inestabilidad y la polarización hasta límites que colocaron en riesgo integración y seguridad nacional, situación frenada por los propios militares destituyéndolo y designando un mandatario provisional.

Entre otras razones, en su pronunciamiento los uniformados señalaron:

“El Presidente de la República no acepta el futuro funcionamiento de los partidos políticos tradicionales. Propone en substitución, la promoción y desarrollo de corrientes de opinión que en definitiva vendrían a ocupar el vacío dejado por aquéllos”.

“El Presidente de la República no acepta el pronunciamiento popular a través del voto, porque considera que esa práctica en las democracias actuales es algo superado, argumentando que el voto solamente se debe requerir a los ciudadanos a través de referéndum o plebiscitos, sobre puntos o temas específicos que el Poder Ejecutivo considere conveniente”.

Esta breve síntesis extrema y extrapolada puede parecer un cuento de política ficción, referenciado a una prolongación de nuestra actual situación política, pero en realidad corresponden al período de Juan María Bordaberry en Uruguay, entre 1972 y 1973 como presidente legítimo, y entre 1973 y 1976 como mandatario de facto.

Separado del cargo, al regreso de la democracia fue detenido y juzgado por violaciones constitucionales y crímenes de lesa humanidad, terminando su vida prisionero.

Si algo caracteriza al actual sexenio en México es precisamente la escalada autoritaria, marcada por el principio rector de que solo Andrés Manuel López Obrador conoce lo que el país requiere, quien piense distinto es un corrupto alineado con la ultraderecha y para obviar el esfuerzo de convencer, si lo cree necesario pasa por sobre la ley.

Dos hechos en la semana lo reiteran: el ilegal decreto presidencial que cobija como “seguridad nacional” el nebuloso manejo de sus proyectos-capricho a cargo de los militares, y la anunciada designación de Victoria Rodríguez Ceja como futura presidenta del Banco de México.

En un gobierno que ya es tildado como “paramilitar”, el decreto refleja integralmente la caprichosa personalidad política del Presidente y en un gobierno que pregona trasparencia, tiene como único fin soslayar controles y potenciales exigencias de rendición de cuentas o rectificación marcadas por las leyes.

Como lo ha revelado principalmente Carlos Loret de Mola en Latinus, el sexenio que tendría como insignia el combate a la corrupción está íntimamente tocado por ella hasta el círculo familiar del mandatario y llegó también a la aplicación de los presupuestos entregados sin medida ni control a los militares.

En el caso de la designación de Victoria Rodríguez, que en esta semana impondrá, dado que no cubre los requisitos establecidos para la presidencia del banco central, lo trata de encubrir como “justicia de género”, cuando está claro que la real razón es sumir bajo su discrecional manejo financiero las reservas internacionales, que han sido la herramienta para mantener un grado aceptable de estabilidad en la economía.

El problema está en que las puntadas del autoritarismo, el desprecio a la ley y la sordera al conocimiento y las razones, ya están pasando la cuenta: el PIB vuelve a tendencia a la baja (menos 0.43% en el trimestre), la inflación al alza, con 7.5% anual acumulado y con perspectivas de superar el 10%, y el dólar comienza a cambiar paridad.