¡AL HUESO!

Sin ton ni son…

Justo pero inoportuno, por no responder a una realidad económica, el incremento de 13% al salario mínimo es otra de las decisiones político-electorales del gobierno que impactan a las empresas, limitan el crecimiento del empleo y terminan en resultados que perjudican a los que supone beneficiar.

“En un país bien gobernado, la pobreza avergüenza; en un país mal gobernado avergüenza la riqueza”. Confucio.

Al planificar un gasto, en todo negocio el más básico cálculo económico, cualquiera sea su dimensión, es analizar el sustento y el efecto posterior que tendrá en el equilibrio financiero, comprendido el nivel de riesgo que se puede o se quiere enfrentar.

Determinar un gasto sin nivel de certeza en el soporte es camino seguro al fracaso, a la quiebra. Y es lo que lamentablemente -otro lamento más- está sucediendo con las decisiones populistas del gobierno mexicano y su impacto en las finanzas y la economía.

El ejemplo más preciso se tuvo con la decisión de aumentar en 13% el salario mínimo que regirá a partir de enero del próximo año, cifra que representa más de tres veces la inflación pronosticada -descontada ésta el alza será de +-9%- y que marcará un incremento acumulado de 110% desde 2018.

La justicia de incrementar los ingresos de los trabajadores es indiscutible, pero el problema se encuentra precisamente en el sustento de una decisión de contenido político-electoral, impuesta a una representación empresarial sumisa y divulgada como un acuerdo.

Cuando las actuales autoridades programan determinaciones como ésta no lo hacen bajo una racionalidad de economía básica, sino con el objetivo de alcanzar sus intereses políticos: que en las próximas elecciones no se refleje su desgaste ya evidente en el país.

Es lo mismo que ha sucedido con las pensiones y dádivas implantadas en el anterior sexenio, continuadas por este, la mayoría de indiscutible justicia social, pero determinadas sin un sustento en desarrollo, por lo que terminan lastrando las finanzas nacionales.

¿Ha crecido la economía y, particularmente, se ha incrementado la productividad del trabajo en rangos similares? La respuesta definitivamente es no y, por el contrario, como es evidente, vivimos en una etapa de fuerte retroceso, con un crecimiento que los cálculos más fríos sitúan en 0.3% para el presente año, muy por debajo incluso del crecimiento poblacional y entre los peores del mundo.

Con una economía estancada y la mayoría de las empresas sin margen de flexibilidad -principalmente las medianas y pequeñas, que generan la mayoría del empleo-, la decisión representa una carga financiera que deberán traducir en lo posible en el precio de sus productos y servicios, o acudir a reducción de costos. Peor aún, es un freno a su potencial de crecimiento y por ende al de la economía.

Lo demuestran las cifras que no se doblegan ante las palabras: desde el sexenio anterior el populismo u sus decisiones económicas con interés político, ocasiona desplazamiento de trabajadores del sector formal a la informalidad. Hoy el 56% de la fuerza laboral del país se desempeña en el sector informal. 

Y es lógico, en el contexto actual las empresas de menor tamaño, recursos limitados, poca capacidad de inversión, baja productividad y en muchos casos tecnologías superadas, ante la imposición de nuevos costos tienen como única opción la reducción de personal.

Eso en lo relativo a las empresas, porque también en el propio gobierno las decisiones electoral-populistas tienen un efecto que gravita sobre el presente y el futuro del país. Las decisiones mesiánicas, irracionales e inviables de López Obrador, heredadas al actual gobierno, lo mantienen en un callejón financiero sin salida.

PEMEX y la CFE se mantienen como un barril sin fondo de recursos públicos, para sostener una cuestionable soberanía energética. El denominado Tren Maya está costando hasta el presente 4 veces más de lo presupuestado y en su operación genera apenas el 12% de los fondos requeridos para su operación. Y así la barbaridad de cancelar el nuevo aeropuerto mantiene al antiguo como vergüenza nacional, mientras el AIFA y la mal resucitada mexicana cuestan pero no despegan.

Lo peor, es que la Presidenta y su grupo, más allá de sus discursos festivos plagados de irrealidades y falsas esperanzas, tienen conciencia de la gravedad de la situación, pero lejos de corregir buscan justificaciones o al menos sembrar expectativas.

Saben que el único y sólido camino es un incremento intensivo de la inversión real en todos los niveles, principalmente de las mayores empresas, y la captación de nuevos capitales destinados a la inversión productiva.

Lo saben y actúan en contrario, dado que para concretar esa inversión el requerimiento indispensable es la confianza en el país y en el gobierno, inexistentes hoy en México. 

El principal factor de desconfianza es la total acumulación de poder y la inseguridad legal que de ello se deduce. ¿Cómo es posible ofrecer garantías cuando en el propio máximo tribunal se propone la aberración jurídica de revertir causas juzgadas?

Convocadas, las directivas empresariales -que representan sus propios intereses y pocos de la mayoría- sonríen para la foto oficial que respalda acuerdos de inversión con pies de barro, porque ellos mismos dudan y son incapaces de transmitir certezas.

Peor, viene la muy compleja y peligrosa revisión del acuerdo trinacional con USA y Canadá, periodo álgido de meses, lo que no pronostica tampoco confianza para un mejor 2026.