Opinión
Sábado 04 de Diciembre del 2021 07:04 hrs

¡AL HUESO!

Politización de la Justicia


En su proyección, esa particular visión presidencial implica que para lograr lo que se considera justo -así sea un capricho o una venganza- es viable incluso pasar por sobre el mandato de la ley.

“Cuando la política entre por la puerta, la justicia salta por la ventana”. Francesco Carrara.

El pasado 13 de septiembre, en su diaria conferencia matinal, el Presidente repitió su malestar con los integrantes del Poder Judicial que no se someten a su particular visión sobre la legalidad y lanzó una joya verbal que haría caer la venda y pondría en interrogante los ojos de la diosa Iustitia:

Acaba la Corte, imagínense, de ordenarle al gobierno que devuelva mil millones de pesos a una señora, Azcárraga, de un juicio que se llevó en el sexenio pasado. Pero a los ministros de la Corte nos les preocupa, esos duermen tranquilos, pero imagínense lo que representa entregar mil millones, cuántas becas para niñas, niños con discapacidad, vacunas, apoyos a la gente más pobre. Son unos insensibles. Porque pueden alegar de que la ley es la ley ¿y qué?, ¿y la justicia dónde queda?”.

Ergo, de acuerdo a su personal criterio revelado en la frase, tal como lo ha hecho patente en reiteradas ocasiones, aplicar la ley no es justicia.

Lo curioso, es que entre esos ministros “insensibles, que duermen tranquilos”, está precisamente Yazmín Esquivel, esposa de José María Rioboó, el constructor favorito, designada por López Obrador como integrante del máximo tribunal por esa cercanía y quien precisamente preside la Segunda Sala, instancia que votó en forma unánime por la sentencia que obliga al Gobierno Federal a la devolución del monto.

Tuvo participación directa además, Ana Margarita Ríos Farjat como titular del SAT antes de que también por propuesta del Presidente fuera designada integrante de la Corte.

En su proyección, esa particular visión presidencial implica que para lograr lo que se considera justo -así sea un capricho o una venganza- es viable incluso pasar por sobre el mandato de la ley.

Así ha sucedido y muestras al canto:

Desde aquel video filmado por Carlos Ahumada con René Bejarano guardando el dinero y las ligas “para la causa”, había sangre en el ojo presidencial para vengarse de Rosario Robles Berlanga, entonces cabeza del Distrito Federal y sentimentalmente relacionada con el truculento empresario argentino.

Culpable de algún delito como alta funcionaria del gobierno de Peña Nieto, quizás, pero la investigaron a fondo y solo pudieron probarle un cargo que no amerita prisión.

Para ponerla tras las rejas de Santa Marta Acatitla, donde ha permanecido por más de dos años, usaron como juez a un sobrino del propio Bejarano y falsificaron una licencia de conducir, a fin de adjudicarle un segundo domicilio y argumentar el riesgo de fuga.

Similar es el caso de Altos Hornos de México y la persecución centrada en Alonso Ancira, uno de sus principales accionistas y presidente de ese Consejo de Administración que, consta en documentos, avaló en su conjunto la operación de compraventa del complejo Agronitrogenados.

No hubo sustento para los señalamientos de López Obrador y la obediente Fiscalía General armó una acusación pantominezca, con un supuesto soborno anticipado para el hoy muy protegido Emilio Lozoya, cuya garganta se ha demostrado poco profunda.

Finalmente, con Ancira en la cárcel como rehén de una operación judicial en que se violaron derechos y amparos, los accionistas en forma unánime acordaron ceder a la presión gubernamental y se suscribió un “Acuerdo Reparatorio” que en un párrafo de su página 9 revela los verdaderos intereses bajo la embestida oficial:

“Que los ofendidos PETRÓLEOS MEXICANOS y PEMEX TRANSFORMACION INDUSTRIAL reconocen que el señor ALONSO ANCIRA ELIZONDO y (señalan la lista de accionistas de GAN) celebrarán en esta misma fecha como vendedores, un Contrato de Compraventa de Acciones con Alianza Minerometalúrgica Internacional, S.A. de C.V., como comprador representada por los señora Julio César Villareal Guajardo y Jorge Silverstein Tenenbaum, para la adquisición de hasta 55% (cincuenta y cinco por ciento) de las acciones de GRUPO ACERERO DEL NORTE S.A. de C.V., sociedad controladora de ALTOS HORNOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.”.

¿Qué tienen que hacer ese ente Alianza Minerometalúrgica Internacional y Julio Villarreal Guajardo junto a PEMEX en el cierre de un evidente proceso de extorsión?

La respuesta está en diálogos telefónicos interceptados y revelados, que demuestra al cabeza de Grupo Villacero como uno de los financistas ocultos de la larga campaña de López Obrador, a través de “aportaciones a la causa” que canalizaba por medio del defenestrado consejero jurídico Julio Scherer Ibarra, mano que meció la cuna en la desestabilización de AHMSA.

Por ello, aunque en la reciente reunión latinoamericana, por respeto al anfitrión, el Presidente uruguayo Luis Lacalle no lo incluyó junto a Maduro y Díaz Canel entre los mandatarios que usan políticamente la ley, sus palabras cayeron como “anillo al dedo” en el convocante a la naufragada cumbre.