Productividad y Jornada Laboral

La precaria situación económica de la Nación hace no factible, posible, viable o realizable el implementar una disminución de jornada laboral sin dañar, aún más, a la propia población a la que intenta beneficiar

La jornada laboral de 40 horas subió a la agenda nacional, otra vez, por varias semanas.

Poco después de que el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, agitó las aguas declarando que podría avanzar antes de que terminara el año, implementándose, por completo, así de golpe a partir de enero, la Presidenta pateó la lata hasta el próximo año dejando entrever que, en una de esas, se volvía a congelar indefinidamente.

Puede ser coincidencia, pero fue justo a la mañana siguiente de que Carlos Slim y Francisco Cervantes, timorato representante del sector empresarial, visitaran Palacio Nacional que el tema se desinfló desde la mañanera.

El magnate mexicano no ha ocultado su posición sobre esta iniciativa. Sus declaraciones rayan en la insensibilidad de alguien que se puede dar el lujo de sanar todos sus pecados con el éxito inconmensurable que los primeros lugares de la lista de Forbes dan.

Aun así, no cabe duda de que el tema es complejo: puede ser que sea un pequeño grupo de grandes empresarios mexicanos los que ejerzan el músculo para que el gobierno titubee en encarecer, aún más, los costos de la formalidad laboral, pero somos los mexicanos los que sufrimos las consecuencias de que no sea el propio mercado quien nos obligue a hacerlo.

La precaria situación económica de la Nación hace no factible, posible, viable o realizable el implementar una disminución de jornada laboral sin dañar, aún más, a la propia población a la que intenta beneficiar.

El problema de fondo es la estructura económica en la que sobrevivimos los mexicanos y la capacidad de formación de capital que ésta faculta. Formación de capital que no es igual a acumulación de capital. Aunque se confunden fácilmente.

La formación de capital se da en un entorno donde las reglas son equitativas, claras y transparentes. Por lo que las barreras de entrada para cualquier actividad dependen de la capacidad y la voluntad de personas y empresas. En ese entorno la aplicación de la ley se hace de forma objetiva, general y expedita. Por lo que los riesgos son reducidos y controlados, resultando en asignación de recursos y costos de transacción eficientes y efectivos.

En un entorno así, los empresarios, no solo estaríamos de acuerdo en una jornada laboral reducida, sino que sería enteramente sustentable y justificable.

En ningún momento, esto, intenta ser una crítica vacía de los grandes empresarios mexicanos que, para fines de este escrito son representados por Don Carlos y Don Francisco. Pero aun cuando su músculo se los permite, los personajes no cuentan con razón ni legitimidad para argumentar a favor de una u otra posición.

Basta recordar un par de eventos que relacionan al magnate y la Presidenta: la caída de la línea 12 del metro de la Ciudad de México y la contratación de explotación petrolera entre Pemex y Carso.

Ambos casos reflejan un costo financiero y social excesivo para los mexicanos. Ambos nos dejan ver que el picaporte político faculta negociaciones oscuras, en cuartos cerrados, entre jugadores carentes de escrúpulos. Los gobernantes y políticos, contrario a lo que pregonan, se deben a unos cuantos “poderosos” más que al pueblo que arengan.

Ahora, los casos antes mencionados, son solamente muestras visibles; paradójicamente notorias, vergonzosos e impunes. Pero las rendijas de políticos y gobiernos a nivel federal, estatal y local demuestran que forman la mayor parte de la composición estructural de la economía mexicana. Una estructura que extrae recursos de la población a cambio de contratación viciada de servicios del estado deficientes.

El mayor costo y riesgo de la transacción lo terminamos pagando todos. La formación de capital en la sociedad se dificulta mientras unos pocos lo acumulan obscenamente.

Imaginemos que, como sociedad exigimos que se transparenten estas relaciones y las transacciones derivadas, que se elimine la discrecionalidad del picaporte y las negociaciones en cuartos cerrados, que se reduzcan las barreras a la competencia eliminando aquellas que sirven para descartar a los que no son amigos, que se exige la rendición de cuentas a políticos, gobiernos y a quienes les contratan los servicios que ofrecen.

Imaginemos que la rendición de cuenta aumenta, que el riesgo y los costos no asociados a la naturaleza de la actividad disminuyen. Que la competencia se dinamiza y la eficiencia en el gasto multiplica su derrama. 

No es difícil imaginarlo, solo hay que ver hacia aquellos con los que nos queremos comparar: los que tienen una jornada de cuarenta horas semanales, donde se exhibe, transparenta y sanciona las relaciones del poder político y el económico.  Ahí donde los factores de productividad estructural soportan la jornada laboral.