¡AL HUESO!

Sumar dolor al dolor

El nuevo sainete en torno a un tema tan sensible como el dolor de las familias que ignoran el paradero de uno o más de sus miembros, volvió a comprobar que la real sensibilidad del presidente no pasa la barrera de sus acostumbradas palabras falsas y su administración carece totalmente de empatía con las víctimas prolongadas de este crimen

“Qué diría hoy Doña Rosario de la vergonzosa conducta de su hija”. Adriana, madre buscadora.

Una característica que pesa como un karma negativo en el quehacer diario de López Obrador es su habilidad para generar conflictos hasta en las iniciativas más positivas, dando cabal cumplimiento a esa vieja sentencia: “Genera tormentas en mar calmo”.

Lo último fue el nombramiento de la nueva cabeza de la Comisión Nacional de Búsqueda, el poco operante ente oficial destinado a guiar las acciones para determinar el paradero o lo sucedido con los más de 110 mil ciudadanos y ciudadanas que forman parte del drama de los desaparecidos, alrededor de 45 mil de ellos en los cinco años de este gobierno.

Cuarenta y cinco mil ausencias bajo responsabilidad tanto de los grupos de la delincuencia organizada como -es dable sospechar por diversos testimonios incluso documentados en fotografías y videos- por acción de policías o integrantes de las fuerzas armadas.

Hasta ahora, la tarea ha sido abordada básicamente por organizaciones nucleadas en torno a las madres de personas ausentes y sus familiares, que recorren territorios en busca de fosas clandestinas, costeando la dura y agobiante labor con sus propios recursos y arriesgando sus vidas ante el acoso de la delincuencia.

En un episodio amargo, que le hizo tragar saliva -como se denota en los videos del momento- durante su visita a Chile en septiembre recién pasado, el homólogo sureño Gabriel Boric lanzó en su presencia una iniciativa de ley que le cayó directamente como pedrada, al señalar que la tarea de localizar a los desaparecidos o dilucidar su destino debe ser asumida como obligación del Estado y no de los familiares.

Y es que ante la responsabilidad de buscar a los desaparecidos el Presidente carece de justificaciones. Es un drama que le descompone y su clásica reacción de descalificar o acusar a quienes le exigen y le cuestionan, tuvo una respuesta social airada cuando agredió a las denominadas madres buscadoras.

Sin sus clásicos “otros datos”, pasó a cuestionar las cifras surgidas del recuento de víctimas basadas en informes de procuradurías, fiscalías y denuncias ciudadanas, con las cuales la comisión integró su fichero. Acorralado, dijo que haría su propio censo basada en consultas directas a cargo de sus “Servidores de la Nación”.

La burda e inmoral maniobra, destinada a acomodar la verdad, provocó la renuncia de la titular de la CNB, Karla Quintana, quien pese a operar bajo una casi total falta de recursos y de cooperación, principalmente por parte de procuradurías y fiscalías, había intentado al menos jugar un papel decoroso en apoyo a los grupos de la sociedad civil.

Fuera de Palacio no solo los colectivos de buscadoras censuraron la idea de López Obrador. Incluso, provocó un pronunciamiento del Comité de Desaparición Forzada de la ONU, que ha emitido sucesivos reproches al gobierno por la impunidad que domina en este crimen y en este caso apuntó a la falta de rigor y fiabilidad de un nuevo conteo entregado a los activistas políticos del Presidente.

No obstante, resultó  peor lo que siguió para sustituir a Quintana, con el nombramiento de Teresa Reyes Sahagún, designación que por su perfil y trayectoria viola lo establecido con precisión como requisitos en la propia Ley General de Desaparición Forzada.

Si bien Teresa Sahagún hizo estudios en derechos humanos, es netamente una operadora partidista y después de encargarse inicialmente de los “Servidores de la Nación”, a raíz de acusaciones de corrupción en 2021 fue nombrada directora del Instituto Nacional para Educación de los Adultos. Tiene experiencia en búsqueda de votos pero no de personas, carece de conocimientos en ciencias forenses o investigación criminal, y no cumple con “haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público, en instituciones de la sociedad civil o académicas relacionadas con la materia de esta Ley”.

Adicionalmente, Luisa María Alcalde, nuevo florero de Gobernación, mintió en su nombre y en el del Presidente al comunicar el nombramiento en redes sociales, asegurando que para la selección, como lo marca la norma,  se efectuó  “un proceso de consultas públicas a colectivos de víctimas, personas expertas y organizaciones de la sociedad civil”.

Eludió  señalar a quienes se habría consultado y nuevamente los colectivos y la propia ONU negaron que se haya efectuado tal proceso, lo que representa una segunda violación del ordenamiento.

El nuevo sainete en torno a un tema tan sensible como el dolor de las familias que ignoran el paradero de uno o más de sus miembros, volvió a comprobar que la real sensibilidad del presidente no pasa la barrera de sus acostumbradas palabras falsas y su administración carece totalmente de empatía con las víctimas prolongadas de este crimen.

No había cesado aún el mar de fondo cuando se produjo la renuncia masiva de los miembros del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en protesta por la conducta de su espúrea presidenta, Rosario Piedra Ibarra, cuya designación igualmente violó la normatividad establecida para ese organismo, fruto de una larga lucha ciudadana en que su hoy traicionada madre, Rosario Ibarra, jugó un papel fundamental.

Son hechos que acrecientan el drama de los deudos y se acumulan en el legado negativo de un Presidente obstinado en pasar a la historia, lo que logrará pero no a la que sueña.