¡AL HUESO!

Ancira, el revire

En una acción inesperada, Alonso Ancira, basado en una suma en irregularidades jurídicas, demandó la anulación del proceso penal y la extorsión del gobierno que llevaron a la quiebra a AHMSA. Abrió así la posibilidad de resarcir a la empresa 100 millones de dólares que permitirían pagar parte de los derechos laborales de los atribulados ex trabajadores.

“La derrota nunca es definitiva; la victoria tiene negativo, jamás es definitiva”. Saramago.

Quienes bien conocen a Alonso Ancira dicen que nos les sorprendió el cambio de curso dado al “afaire” AHMSA al demandar la nulidad del proceso personalizado en él, fraguado en el núcleo central del gobierno de López Obrador y que llevó a la quiebra de la empresa, con 20 mil trabajadores sumidos en crisis laboral y financiera.

Buen abogado, como ha demostrado, aguantó la granizada y se tomó el tiempo para poner en orden las violaciones procesales por las acciones de López Obrador; de su consejero Julio Scherer; el fiscal Gertz Manero; el entonces presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar; Manuel Bartlett; y el juez “a modo” José Artemio Zúñiga, premiado por el nuevo gobierno como candidato a una magistratura que por su mediocridad no logró. 

Lo primero, demostrar la falacia de la acusación de “operaciones con recursos de procedencia ilícita”, ideada por Scherer desde la Consejería Jurídica y operada por Gertz desde la Fiscalía General, para que en mayo de 2019 y en menos de 24 horas, el juez Artemio Zúñiga emitiera una orden de detención y Gertz una solicitud de captura a Interpol, ejecutada cuando Ancira iniciaba unas vacaciones familiares en España.

La documentación presentada por los abogados demostró que Ancira no recibió beneficio personal por la venta de Agronitrogenados. Pactado el precio con base en diversos avalúos y aprobada la operación por el Consejo de AHMSA, la acerera facturó, los pagos ingresaron contabilizados a sus arcas y fueron acreditados los impuestos correspondientes.

La documentación demuestra, además y como lo ha señalado el Gobernador de Coahuila, que el conflicto se originó por odio focalizado de López Obrador, dado que de existir delito serían responsables todos los entonces miembros del Consejo de Administración de AHMSA, no solo su presidente.

El origen, han reiterado el propio Ancira y sus allegados, fue la negativa a apoyar con recursos financieros la campaña presidencial del tabasqueño, solicitud cursada a través de Armando Guadiana (+). Fiel a su filiación priísta, se negó diplomáticamente, a diferencia de lo que hicieron empresarios como Slim, Larrea, Bailleres y varios regiomontanos invitados por el ahora muy entrampado Alfonso Romo. (El conocía el viaje de Ancira a Mallorca)

La demanda de revocación del juicio presentada por los abogados tiene bases adicionales, a partir de deficiencias en la estructuración del acuerdo reparatorio al que fue obligada AHMSA, principalmente falta de representación jurídica del demandante.

Esas pifias obedecieron al ansia en lograr el apoderamiento de la empresa por Julio Scherer y Julio Villarreal (los “julio regalado”, les apodan), tal como pormenorizó el morenista Hernán Gómez Bruera en el libro “Traición en Palacio”, donde denunció las trácalas del entonces consejero jurídico.

Incluso, se patentiza el papel de “juez a modo” de Artemio Zúñiga, quien avaló que el acuerdo reparatorio, sin lugar para ello, estableciera para los propietarios de mayoría accionaria de Altos Hornos (Xavier Autrey y familia Ancira) obligación de entregar esos títulos al Grupo Villacero, propiedad de Villarreal.

Liberado de la prisión, Alonso Ancira burló la vigilancia del gobierno y amparado en su ciudadanía estadounidense se trasladó en ese país, desde donde en búsqueda de mantener operando acería y minas realizó dos de los pagos establecidos en la extorsión del gobierno, pero no pudo solventar la crisis financiera originada por esos egresos.

En ello jugó un papel central Manuel Bartlett desde la CFE, al cancelar los contratos de carbón de MICARE, cerrando una de las principales fuentes de financiamiento de AHMSA.

Agravada la crisis al nivel de parar operaciones -recuerdan los abogados- la familia Ancira determinó entregar la totalidad de sus acciones al grupo estadounidense Argentem Creek Partners, que logró interés en invertir de un grupo de capitales asiáticos liderados por China Steel, acuerdo que comprendía asumir los pasivos laborales.

Por hígado presidencial o por presión desde Washington, la Secretaría de Hacienda, a través del SAT, hizo aparecer un adeudo fiscal de 3 mil millones de pesos. Los orientales marcaron distancia, poco después Argentem, que se llevó todo lo que pudo monetarizar, y la ya deteriorada empresa entró a una quiebra que, en las condiciones actuales del mercado nacional y mundial del acero, no tiene salida.

Ante el revire, la ira del gobierno no tardó y -siempre desinformada por su equipo- la Presidenta volvió a usar los desgastados argumentos y mentiras de su mentor. Sin ver en ojo propio la ilegalidad que la rodea, repitió que en el caso no debe haber impunidad.

Hasta ahora, su antecesor y ella misma han regado saliva prometiendo a los trabajadores, las víctimas de la sevicia política, apoyos y soluciones no concretadas ni concretables. 

El proceso legal, con posibilidad de trasladarse a USA ante el dominio morenista del Poder Judicial, tardará.  Sin embargo, con un poco de agudeza política constructiva, Sheinbaum tiene la posibilidad de transformar la saliva en materia real.

Si bien los 104 millones de dólares -2 mil millones de pesos- en la escala financiera de PEMEX son casi nada, determinar en un gesto de honestidad su devolución a AHMSA permitiría pagar, al menos, una parte de los derechos laborales de los trabajadores perjudicados por la saña del obradorato.