Coahuila frente al injusto modelo minero-fiscal

Despojo legalizado, evasión institucional y urgencia de restitución

En las entrañas de Coahuila, donde el polvo se mezcla con la memoria y el subsuelo guarda siglos de lucha, se ha escrito una historia que no aparece en los informes oficiales. Es la historia del saqueo legalizado, de la evasión disfrazada de convenio, de la riqueza que se extrae sin dejar más que silencio y abandono.

Desde la Sierra Mojada hasta los bordes de Múzquiz, desde las minas de La Encantada en Ocampo hasta los proyectos de litio en la región centro, Coahuila ha sido territorio minero. Pero también ha sido territorio olvidado. Porque mientras las empresas canadienses declaran utilidades en sus oficinas de Vancouver, aquí se respira polvo, se bebe agua contaminada y se vive con la promesa rota del desarrollo.

I. Despojo territorial sin compensación

• Coahuila tiene más de 3.8 millones de hectáreas concesionadas, más del 25% de su superficie estatal.
• Estas concesiones se otorgaron sin consulta a comunidades rurales ni indígenas, violando el Convenio 169 de la OIT.
• El Estado no recibió compensación proporcional por el uso intensivo de su territorio.

II. Pérdida de soberanía fiscal

• A pesar de su riqueza mineral (carbón, fluorita, plata, hierro), los impuestos generados no regresan al estado ni a sus municipios.
• El convenio México–Canadá firmado en 2006 permitió que empresas extranjeras evadieran el ISR mexicano, afectando directamente las finanzas públicas de Coahuila.
• El gobierno federal centralizó la recaudación, eliminó el Fondo Minero en 2019, y no estableció criterios de redistribución territorial.

III. Financiamiento indirecto al crimen organizado

• En la región carbonífera (Sabinas, Nueva Rosita, Múzquiz), Los Zetas operaron como “narcomineros”, extorsionando empresas, controlando rutas y lavando dinero a través de concesiones.
• La falta de inspección y control permitió que el crimen organizado se infiltrara en la cadena productiva minera, generando violencia, desapariciones y desplazamientos.

IV. Deterioro social y ambiental

• Las comunidades mineras enfrentan contaminación de agua, enfermedades respiratorias y deterioro ambiental sin reparación.
• No existen fondos estatales ni federales para compensar el daño ecológico ni para invertir en salud pública.
• El modelo extractivista dejó infraestructura rota y tejido social fracturado.

V. Debilitamiento institucional

• La Dirección General de Minas y el SAT no auditaron ni fiscalizaron con eficacia las operaciones mineras en Coahuila.
• El gobierno estatal no tuvo herramientas legales ni presupuestales para exigir rendición de cuentas.
• El sindicato minero, bajo Gómez Sada y Gómez Urrutia, no defendió los intereses fiscales ni ambientales del territorio.

VI. El impuesto que nació justo y murió centralizado

• En 2013 se aprobó un impuesto del 7.5% sobre utilidades mineras, destinado a beneficiar directamente a los Estados y Municipios mineros.
• En 2018, más de $3,700 millones de pesos llegaron a comunidades mexicanas que nunca habían visto inversión pública.
• Pero en 2019, el gobierno federal centralizó los recursos sin consulta ni justificación.
• En 2024, el impuesto subió al 8.5%, y el derecho adicional al 1%, pero ni un peso volvió a los territorios que lo generan.

VII. Las irregularidades que claman justicia

• Más del 70% de las concesiones mineras en el país están en manos canadienses, muchas operando sin consulta ni verificación ambiental.
• Las empresas declaran lo que quieren, sin auditoría técnica independiente.
• Los municipios mineros han perdido miles de millones de pesos desde que se eliminó el Fondo Minero.
• No hay transparencia en pagos, deducciones ni litigios fiscales.
  Empresas como First Majestic han evadido hasta $11,000 millones de pesos, mientras demandan al Estado mexicano por exigirles rendición de cuentas.

VIII. ¿Qué implica esto para el futuro de Coahuila?

Coahuila debe irrumpir en el concierto nacional y exigir:

• Una reforma fiscal urgente, que garantice que al menos 70% de los impuestos mineros regresen al territorio.
• Una auditoría pública de concesiones, para saber quién explota, cuánto extrae, cuánto exporta y cuánto tributa.
• Un Fondo de Restitución Territorial, para reparar el daño ambiental, fortalecer salud, educación y memoria histórica.
• Un blindaje contra el crimen organizado, con fiscalización, protección comunitaria y control logístico de rutas mineras.
• Una participación comunitaria vinculante, para que los pueblos mineros decidan sobre el destino de los recursos que su tierra genera.

IX La demanda: que la ley repare, no encubra

El presidente denunció el saqueo neoliberal, pero la evasión fiscal minera siguió intacta.
Las concesiones extranjeras continuaron operando sin auditoría, y los recursos fiscales siguieron centralizados.
El discurso se volvió crítica, pero no restitución.

Hoy, Coahuila necesita una Ley de Restitución Fiscal Minera Territorial, que obligue a devolver cada peso a los municipios que viven el impacto.
Necesita una auditoría independiente, una cláusula constitucional de compensación, y un observatorio ciudadano que vigile cada tonelada extraída.

Como ha propuesto el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, México necesita una planeación fiscal a largo plazo, con visión de 25 años, crecimiento sostenido y justicia tributaria.
Gravar a quienes más ganan, liberar a los territorios del despojo fiscal, y recuperar el control del subsuelo son tareas urgentes.

X. Porque el polvo también tiene memoria

“El oro que se llevó no pagó escuela, la plata que se exportó no curó la sed. Y el Estado, que debía ser guardián, fue espectador del saqueo.”

La minería sin control fiscal ni territorial fue una forma de despojo. El convenio con Canadá fue una cesión injusta que debe ser revisada. El silencio institucional frente a este agravio exige explicación. Y el pueblo de Coahuila exige reparación.

Porque el polvo que se levanta en Coahuila no es solo mineral: es historia, es lucha, es derecho.