Ildefonso Green: Centinela de la península y guardián de la tierra que Juárez legitimó

“Juárez firmó la escritura, Green empuñó la razón, y en la tierra quedó vivo el compromiso de la nación.”

En el siglo XIX, mientras México se debatía entre guerras internas, intervenciones extranjeras y la reconstrucción de su identidad republicana, la tierra no era sólo territorio: era símbolo, promesa y herramienta de justicia. En ese contexto, Benito Juárez —presidente legítimo y defensor incansable de la soberanía— otorgó títulos de propiedad a ciudadanos leales como el general sudcaliforniano Ildefonso Cipriano Green Ceseña, reconociendo no solo sus servicios militares, sino su papel en el arraigo de comunidades en zonas estratégicas como Los Cabos.

El General Green: defensor de la patria y sembrador de república

Green fue un antiimperialista convencido, que en 1853 organizó a los Rifleros de San Lucas para enfrentar al filibustero estadounidense William Walker, quien pretendía fundar una república esclavista en Baja California. Su victoria fue más que militar: fue una afirmación de la soberanía nacional en una región olvidada por el centro político.

Durante la Guerra de Reforma (1857–1860), Green se levantó en armas junto a Mauricio Castro para defender la Constitución liberal de 1857, derrotando al jefe político conservador de la península y apoyando la instauración de un gobierno juarista. En la intervención francesa, colaboró con el General Manuel Márquez de León, donando piezas de artillería y organizando la defensa local mientras otros sudcalifornianos combatían en Querétaro.

En 1866, cuando Pedro Magaña se negó a entregar el poder al jefe político nombrado por Juárez, Green lo sitió durante nueve días hasta restablecer el orden constitucional. En 1874, se negó a fusilar a jóvenes rebeldes tras sofocar una revuelta, mostrando una ética política que anteponía la justicia a la venganza.

El acto y la ley: tierra como reconocimiento institucional

Las escrituras otorgadas por Juárez se sustentaron en:

• La Constitución de 1857, que protegía la propiedad privada y la soberanía del Estado.
• Las Leyes de Reforma, que transformaron la tenencia de la tierra en favor del interés público.
• Las facultades excepcionales del presidente en resistencia, especialmente en territorios alejados del centro político.

Como señala la historiadora Rosa María Martínez de Codes, “El principio histórico de la separación del Estado y las iglesias se considera el fundamento del Estado mexicano, plasmado primero en la Constitución de 1857 y luego en las Leyes de Reforma.” Esto legitima no sólo el acto de escrituración, sino el proceso institucional que lo respaldó.

Además, leyes como la Ley Lerdo de 1856 y la Ley de Extinción de Órdenes Monásticas de 1859 consolidaron la base legal para la redistribución de tierras. Según la Mediateca del INAH, estas medidas “favorecieron el desarrollo del país y limitaron las fuentes de financiamiento de la guerra sostenida por el clero.”

La disputa por la memoria: intereses privados contra la historia

A lo largo de las últimas décadas, diversos grupos de interés político y económico han intentado apropiarse de las tierras heredadas por los descendientes del General Ildefonso Green, valiéndose de estrategias legales cuestionables y del respaldo de figuras influyentes. Uno de los casos más emblemáticos involucra a Inmobiliaria del Cabo, empresa vinculada a personajes como el exsenador Luis Coppola Bonilla y el expresidente Abelardo L. Rodríguez Montijo, quienes han sido señalados por los herederos de Green como responsables de un prolongado intento de despojo sobre más de 600 hectáreas frente al mar en Cabo San Lucas. Estas acciones, según denuncias públicas, han contado con el apoyo de funcionarios y corporativos multimillonarios que han desconocido títulos legítimos expedidos por Benito Juárez, promoviendo campañas de desprestigio y litigios que buscan entorpecer el reconocimiento legal de la propiedad. El conflicto revela cómo la alta plusvalía de la zona ha convertido la memoria histórica en objeto de especulación, y cómo la defensa de estos terrenos se ha transformado en una lucha por la dignidad y la justicia frente a intereses que ven en el patrimonio histórico una oportunidad de negocio.

Del papel al territorio: una posesión con historia

Los descendientes de Green han habitado esas tierras durante generaciones. Más que propietarios, han sido custodios de una memoria viva. En casos similares, los tribunales mexicanos han considerado:

• El uso pacífico y público de la tierra por décadas.
• La validez histórica de documentos antiguos, sustentada por peritajes.
• El derecho al amparo constitucional y a la restitución frente a actos que niegan la legalidad de documentos históricos.

El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM recomienda aplicar sistemas de referencia que aseguren la recuperabilidad documental y la consistencia archivística, lo que permite que actos de autoridades constitucionales del siglo XIX puedan sostenerse como válidos en procesos contemporáneos si se presentan con rigor.

El litigio como territorio de dignidad

Defender estas escrituras no es solo una batalla jurídica: es una forma de honrar la promesa constitucional de México. Una promesa que reconoce a quienes fundaron pueblos, defendieron la patria y sembraron futuro. Es también un llamado a que nuestras instituciones vean en la historia no una carga, sino un faro de legitimidad y justicia.

Como escribió el historiador Enrique Krauze: “Juárez no fue sólo un reformador, fue un sembrador de instituciones. Sus actos, incluso los más locales, tenían vocación nacional.”

Restituir la palabra de Juárez

Hoy, en un país que busca reconciliar desarrollo con identidad, el reconocimiento de estos títulos no es una mirada al pasado: es un acto de coherencia republicana. Porque en la palabra de Juárez hay justicia, y en la tierra de Green hay memoria.

Recuperar el legado de Benito Juárez no es solo mirar atrás: es reconectar con la médula moral de México. Juárez defendió la tierra, la ley, la soberanía y la igualdad frente a imperios, dictadores y dogmas. Su firma sobre las tierras de Ildefonso Green es el símbolo más claro de que el país puede —y debe— recompensar la lealtad, el valor y la justicia.

En un México donde el territorio aún se disputa más con dinero que con principios, honrar esa firma es honrar la República. La lucha de la familia Green no es nostalgia: es una forma de sostener el país sobre su historia verdadera.