Minería sin nación: el saqueo fiscal y territorial que el Estado mexicano no controló
El nuevo gobierno tiene la oportunidad de revertir el modelo fiscal extractivista y recuperar soberanía territorial.
El subsuelo entregado, el Estado ausente
Durante el sexenio 2018–2024, México mantuvo más de 36 millones de hectáreas concesionadas por gobiernos anteriores para explotación minera, equivalentes al 18% del territorio nacional.
Gran parte de estas concesiones se otorgaron sin consulta previa a comunidades indígenas y rurales, violando el Convenio 169 de la OIT.
La Dirección General de Minas no contó con personal suficiente ni tecnología para verificar cuánto se extraía, cuánto se exportaba ni cuánto se tributaba.
La minería operó como zona de excepción, donde el Estado no reguló, no inspeccionó y no cobró con justicia.
¿Dónde quedaron los impuestos mineros?
Aunque en 2014 se creó el derecho especial sobre minería, la recaudación siguió siendo mínima: menos del 1% del total nacional.
En 2022, el SAT reportó ingresos por minería por apenas $4,800 millones de pesos, mientras las ganancias privadas superaron los $200,000 millones.
Los estados y municipios donde se extraían los minerales no recibieron compensación proporcional.
Ejemplo: Zacatecas, primer productor de plata en el mundo, mantuvo más del 40% de su población en pobreza
III. Minería y violencia: el nuevo territorio del crimen organizado
La expansión minera coincidió con el incremento de la violencia en zonas concesionadas, donde los cárteles diversificaron sus actividades:
- En Coahuila, Los Zetas controlaron rutas de carbón y extorsionaron a empresas en Sabinas y Nueva Rosita.
- En Michoacán, La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios impusieron cuotas ilegales en minas de hierro como Las Encinas.
- En Guerrero, Los Ardillos tomaron control directo de minas de oro, cobrando “derecho de piso” semanal de hasta $500,000 pesos.
- En Querétaro, el CJNG fue vinculado al tráfico ilegal de mercurio extraído del cinabrio en la Sierra Gorda.
México fue calificado como el cuarto país más inseguro de América Latina para la minería, según el Instituto Fraser.
El convenio México–Canadá: una cesión fiscal sin defensa
En 2006, el gobierno de Felipe Calderón firmó el Convenio para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal con Canadá.
Este tratado permitió que las empresas mineras canadienses declararan sus ingresos en Canadá, evadieran el ISR mexicano y dedujeran el IVA.
Durante el sexenio de López Obrador, más del 70% de las concesiones mineras permanecieron en manos de empresas canadienses, como Goldcorp, First Majestic y Pan American Silver.
El convenio no fue cancelado, ni renegociado, ni auditado públicamente.
¿Por qué el silencio presidencial?
Durante su mandato, el expresidente Andrés Manuel López Obrador denunció el neoliberalismo de Calderón, Peña Nieto y Fox.
Acusó a sus gobiernos de corrupción, entrega del país y despojo territorial.
Sin embargo, nunca cuestionó el convenio fiscal con Canadá.
No lo canceló, no lo renegoció, ni lo mencionó en sus conferencias matutinas.
¿Por qué ese silencio? ¿Por qué se conservó uno de los pilares fiscales del modelo neoliberal extractivista?
Napoleón Gómez Sada: el sindicalismo que no defendió el territorio
Durante más de 40 años, Napoleón Gómez Sada dirigió el Sindicato Nacional de Mineros.
Su cercanía con el PRI y con los gobiernos en turno permitió que el sindicato no se opusiera a las concesiones masivas ni al convenio fiscal con Canadá.
Su hijo, Napoleón Gómez Urrutia, heredó el liderazgo sindical y enfrentó denuncias por corrupción, desvío de fondos y evasión fiscal.
El sindicalismo minero, lejos de defender la soberanía fiscal, fue cómplice del modelo extractivista sin control.
¿Y ahora qué?
El nuevo gobierno tiene la oportunidad de revertir el modelo fiscal extractivista y recuperar soberanía territorial.
La reforma fiscal minera debe incluir:
- Auditoría pública de concesiones, volúmenes extraídos y exportaciones.
- Cancelación o renegociación del convenio fiscal con Canadá.
- Redistribución proporcional de impuestos mineros a estados y municipios.
- Creación de un Fondo de Restitución Territorial, con participación comunitaria.
- Protección efectiva a activistas y comunidades que denuncian abusos.
- Planeación fiscal a largo plazo, como propone el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, con visión de 25 años, crecimiento sostenido y justicia tributaria.
Cárdenas ha insistido en que sin reforma fiscal y combate al crimen, no hay democracia.
Gravar a quienes más ganan, liberar a los territorios del despojo fiscal, y recuperar el control del subsuelo son tareas urgentes.
Porque el polvo también tiene memoria
“El oro que se llevó no pagó escuela,
la plata que se exportó no curó la sed.
Y el Estado, que debía ser guardián,
fue espectador del saqueo.”
La minería sin control fiscal ni territorial fue una forma de despojo.
El convenio con Canadá fue una cesión injusta que debe ser revisada.
El silencio presidencial frente a este agravio exige explicación.
Y el sindicalismo minero debe rendir cuentas ante la historia.
Porque el polvo que se levanta en Coahuila, en Michoacán, en Guerrero, no es solo mineral: es historia, es lucha, es derecho.