¡AL HUESO!
¿Quién Juzga al Acusador?
Vivimos una perversa politización de la justicia. La Fiscalía, que habría de ser defensoría del pueblo, se transfigura sin disimulo en la fiel defensoría de los intereses del régimen sexenal y cauce para los particulares del Fiscal
“Cuando se tiene poder, falta muy poco para pasar a la embriaguez, al exceso”. Marguerite Duras
Sin necesidad de conocer los entresijos y modos de nuestra política, es posible creer que efectivamente el Presidente no le ha dado órdenes directas al Fiscal General Alejandro Gertz Manero, pero nadie se traga la rueda de carreta de que eso sea necesario para que el “independiente” funcionario termine por hacer lo que el mandatario desea.
Así se ha demostrado en el curso de estos tres años, en que el Presidente dice “rana” y de inmediato el Fiscal “salta”. Ejemplo, cuando en la homilía matinal se ha cuestionado que no se haya publicado información sobre algún proceso, a las pocas horas está en redes sociales oficiales de la Fiscalía.
Esas evidencias llevan a cuestionar si hay real independencia de la Fiscalía General frente al Poder Ejecutivo o la sumisión de costumbre, pero ahora adosada con el uso discrecional y comprometido que el titular de la Fiscalía ha hecho de su cargo en relación con animosidades y venganzas personales.
“Yo le tengo confianza a la Fiscalía y no creo que cometan ninguna injusticia, Alejandro Gertz es un hombre recto, íntegro, le tengo confianza y no hay persecución política para nadie, no es venganza, ya lo hemos dicho muchas veces, a nadie le fabricamos delitos”, avaló el Presidente y se quemó las manos.
Tres al menos son los casos más sonados que revelan la actuación impropia: la embestida contra la fundación Jenkins y la Universidad de las Américas; el caso de las amañadas acusaciones contra la familia de su fallecido hermano; y la venganza contra la comunidad científica, que ha cuestionado su truculenta designación en el máximo nivel del Sistema Nacional de Investigadores.
En el primero, el hoy fiscal sostuvo una disputa con la Fundación Mary Street Jenkins por el uso de la identidad de la Universidad de las Américas, con sede en el Estado de Puebla, en una institución paralela de su propiedad en la Ciudad de México.
Desde la Fiscalía, impulsó una denuncia previamente desechada para, en connivencia con el gobernador morenista Barboza de Puebla, despojar de la universidad a la fundación e incluso para tramitar una orden de detención contra el rector legítimo, el ex canciller Luis Ernesto Derbez.
Similar ha sido la manipulación jurídica y el abuso de poder en el caso de la familia de su fallecido hermano Federico, en que acusó a su pareja y dos hijas de negligencia que lo habrían llevado a la muerte, lo que ha sido desvirtuado en tribunales aún cuando una de las hijas de Laura Morán permanece en prisión.
Como han señalado la periodista Anabel Hernández y el diario español El País, el fondo del asunto es dinero, ya que Federico se prestó para aparecer como titular en cuentas en paraísos fiscales, en las que Gertz habría depositado casi 8 millones de dólares de poco clara procedencia, situación que ahora la tan diligente UIF debería investigar.
En estos días se ha sumado la arremetida contra investigadores del SIN que no callaron en el rechazo a su forzado nombramiento en el máximo nivel del sistema, aún cuando ya la comunidad había desechado anteriormente aceptarlo por determinar que carecía de méritos académicos para ello y que recientemente el académico Guillermo Sheridan denunció y probó la existencia de plagio evidente en uno de sus trabajos.
Desde la FGR, Gertz solicitó órdenes de aprehensión y reclusión -en el penal de Máxima seguridad “El Altiplano” exigió- contra 31 investigadores, científicos y funcionarios por los desmesurados delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, cargos desechados en dos ocasiones por el Poder Judicial por falta de sustento legal, incluido un pronunciamiento previo de la Suprema Corte.
La insistencia de Gertz en solicitar por tercera vez a la justicia emitir órdenes de detención generó caos al interior de MORENA, donde jugando al espontáneo Armando Guadiana salió a respaldar al Fiscal, mientras se sumaron a la repulsa personajes como Monreal, Shainbaum o Nieto, que marcaron distancia con lo que el Rector de la UNAM, Enrique Graue, bien calificó como un despropósito.
No obstante, también en este caso el Presidente avaló la conducta del Fiscal, al reconocer que existía la consigna pero intentó justificar que “quien nada debe nada teme”, como si el riesgo de ser inocente y sin embargo llevado a prisión de alta seguridad -en momentos en que la justicia se tuerce a diario- no fuera suficiente amenaza para indignar a la sociedad más pensante.
Como se señaló en la entrega de la semana anterior, vivimos una perversa politización de la justicia. Solo tres casos de muchos lo confirman y muestran en qué manos está la máxima defensoría del pueblo, función transfigurada sin disimulo en la fiel defensoría de los intereses del régimen sexenal y cauce para los particulares del Fiscal.
El siempre reprobable uso faccioso de la justicia no es novedad en nuestro país, pero al menos en los últimos 50 años no se había llegado a extremos como los actuales. Lo hacían con más inteligencia o menos vileza.