¡AL HUESO!

Huachicol del bienestar 2

Negado por López Obrador, el lucrativo negocio del contrabando de petrolíferos involucra a delincuentes de cuello blanco de México y USA, con tal magnitud que se convirtió en factor de presión sobre la Presidenta, que debió actuar y hoy lucha por contener la crisis que involucra a cuadros del gobierno y del mundo político, incluso en Coahuila.

“La Marina ha hecho un trabajo ejemplar en el control de los puertos”. López Obrador.

Muy difícil que la detención de un vicealmirante y otros mandos de la Armada pasara desapercibida. La filtración en Reforma, el viernes 5, sorprendió y obligó al gobierno a confirmarlos e improvisar el domingo 7 una rápida reseña, políticamente frágil. 

Lo medular estaba en la información periodística y tanto el fiscal Gertz como el secretario García Harfuch no tuvieron mucho que agregar; se centraron en intentar exculpar al ex secretario de Marina, José Rafael Ojeda, con una explicación infantil que lo dejó cuando menos como pusilánime. Evidente, el objetivo es evitar que la crisis llegue a Palenque.

Casualmente, por esas extrañas coincidencias que se dan en la política y no tienen nunca que ver con lo que oculta la verdad oficial y que la voz popular intuye, el operativo coincidió con la “cordial” visita de Marco Rubio, el halcón republicano y látigo sostenido de México, que hoy ocupa la Secretaría de Estado en Washington.

La magnitud del denominado “huachicol fiscal” no causó sorpresa. Había desde hace un par de años denuncias detalladas en medios, entre ellos por los columnistas Carlos Loret y Héctor de Mauleón, que lo habían abordado y señalado nombres de involucrados, no solo los que están hoy tras las rejas o prófugos, sino otros que siguen en altos cargos públicos. 

La presión estadounidense, y las acciones iniciadas en ese país contra los cómplices locales, obligaron al gobierno de Sheinbaum a sacarse parcialmente la venda de los ojos y arremeter contra el delito de robo y contrabando de combustibles, que el presidente emérito radicado dio por controlado tres veces durante su gobierno.

Si bien desde el poder filtraron que irán por al menos 200 implicados, es una arremetida muy medida, porque -sostiene el humor negro político- de actuar a fondo, “desde arriba hacia abajo” y “hasta donde tope”, como han prometido los dos gobiernos, la Presidenta debería realizar varios reemplazos en su equipo, asumirían muchos diputados y senadores suplentes y Morena vería calentar cemento a parte de su dirigencia.

En la improvisada conferencia de prensa quedó claro que planean solo barrido hacia abajo y los más altos implicados será el hoy detenido vicealmirante Manuel Roberto Farías y su hermano. Mientras, el gobierno busca distractores -como la detención de Hernán Bermúdez, el narco-policía ligado a Adán Augusto López- para aminorar informativamente el escándalo. No lo han logrado y el enojo de una Presidenta destanteada, acrecentado por las “extrañas” muertes de marinos implicados, la saca de sus casillas.

La demostración del tope hacia arriba estuvo en la inverosímil explicación para liberar de sospecha al almirante en retiro José Rafael Ojeda, muy bien relacionado con la familia del expresidente y con varios prominentes morenistas.

El profesionalismo del aparato de inteligencia de la marina mexicana ha sido reconocido desde hace muchos años por organismos de seguridad estadounidenses y por ello había confianza y fluido intercambio de información sensible, que permitió operativos exitosos contra el narco, entre ottos la captura de Joaquín Guzmán.

Según el fiscal general y el secretario, Ojeda, cabeza de ese cuerpo regido por una férrea disciplina, lejos de actuar contra la mafia encabezada y operada al menos desde 2019 por sus sobrinos políticos, sobre la cual existían denuncias públicas, prefirió informar hace dos años al titular de la FGR que existían “indicios de conductas ilegales”.

Ciertamente, si lo hizo, fue por autoprotección: ya tenía la denuncia pormenorizada sobre los delitos y los involucrados, que le hizo llegar -¿ingenuamente?- el luego asesinado contralmirante Fernando Guerrero. 

Antes acribillaron en San Pedro, N.L., a Sergio Carmona, en su momento director de orquesta en la red huachicolera. Fue asesinada también Magaly Janet Nava, funcionaria de la FGR que investigaba la corrupción portuaria en Manzanillo, que junto a Lázaro Cárdenas son los principales puertos de ingreso de los precursores químicos para la producción de fentanilo y metanfetaminas, algo inexistente según López Obrador. 

Siguió el homicidio de Héctor Vázquez, delegado de la FGR en Tamaulipas y se sumaron por extraña coincidencia las muertes de dos capitanes la semana pasada, atribuidas oficialmente a suicidio “por razones ajenas al caso” y a un “accidente en prueba de tiro”.

Los crímenes muestran la gravedad del delito y confluyen en demostrar que la entrega de aduanas a marinos y militares no abonó a la moralidad. Creció la mafia, uso los mismos canales para huachicol, armas y precursores químicos. De allí la presión estadounidense para limpiar y crear un sistema aduanero conjunto, como el que operan con Canadá.

Lo de la Marina solo abrió levemente la tapa de uno de los estercoleros del régimen y el magma de corrupción se ha sumado al que viene inundando al país en la medida que se retira la tramoya de la comedia de honestidad de López Obrador y su “no somos iguales”.

Por lo pronto, el tsunami en la marina ha puesto a nadar de crol a personajes como los hermanitos López Beltrán, Mario Delgado, secretario de Educación; Horacio Duarte, Secretario de Gobierno del Estado de México; Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas; Alfonso Durazo, gobernador de Sonora; y, de nuevo, Adán Augusto. 

Sin hablar de Coahuila, donde sobran caras con dientes apretados de muchos juniors y políticos locales que se sumaron al redituable negocio en que, hasta 2020, Juan Manuel “El Mono” Muñoz Luévano había sido el Rey Midas estatal.