¡AL HUESO!

Víctimas revictimizadas

No solo para proteger a políticos encumbrados, la impunidad es mal general y marca de la casa en la justicia de México, donde menos de 10% de delitos se denuncian, la investigación en general es superficial o nula y menos de 5% terminan en castigo a los responsables, algo que el nuevo Poder Judicial no resolverá, porque el drama inicia en las fiscalías.

“La impunidad premia el delito, induce a repetirlo y contagia”. Eduardo Galeano.

Incapacidad, desinterés, complicidad. Mentiras, manipulación, cálculo político. Incapacidad o colusión en fiscalías; desidia o venalidad en jueces.

Ante toda clase de delitos, cualesquiera sean las razones y los objetivos, desde hace décadas en México impera la impunidad, que a partir de los años de los abrazos se ha agravado y cae como segundo drama para las víctimas y sus familias.

El mínimo consuelo de reparación para una víctima -como para su entorno próximo- es que quien la hizo pague y sea sometido a la justicia. Sin embargo, la decepción en la cadena que comienza en las fiscalías y termina en los tribunales, genera que menos del 10 por ciento de los delitos se denuncien. Y menos del 5 por ciento llegan a un castigo.

De acuerdo con cifras del INEGI, por desconfianza, decepción o temor a ser atrapados en la maraña de burocracia y corrupción que domina en el sistema judicial, no son denunciados desde un simple robo hasta delitos de sangre. Los denunciados salvo casos mediáticos no originan una investigación seria o terminan archivados en el olvido.

Por lo mismo, ha crecido a nivel nacional la justicia por propia mano, los linchamientos.

Esa es, desgraciadamente, la negra y fría realidad de nuestra justicia en procuración y sanción, con pocos visos de cambio, porque no se ha tocado el fangal de las fiscalías en todos los niveles, y el Poder Judicial cooptado se llena de improvisados o sometidos.

Y ejemplos al canto:

Son las madres, los padres, las familias buscadoras quienes incansables y con los escasos recursos propios, corren el riesgo de investigar, recopilar datos y recorrer territorios en busca de restos de quienes fueron asesinados y desaparecidos por las bandas criminales.

Arriesgan la vida en ello, como lo comprueban los asesinatos de buscadoras y buscadores.

Cada cierto tiempo, desde el gobierno se adornan con nuevas e incumplidas promesas de apoyo para a una tarea que corresponde realizar por entero al Estado y no convertirla en una carga más para las víctimas y su entorno. 

Quienes con real sensibilidad y vocación de servicio han tratado de realmente hacer una labor seria por parte del Estado han terminado en frustración. Se recuerda el caso de Karla Quintana, cabeza de la Comisión Nacional de Búsqueda que renunció ante el intento de López Obrador de manipular las cifras de desaparecidos.

Patético es el caso de los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa asesinados en Guerrero, quienes, a 11 años de la masacre, agobiados por múltiples manipulaciones, utilizados desde Presidencia hacia abajo para lograr réditos o controles políticos, siguen sin recibir una verdad creíble y han visto salir libres a muchos de los responsables.

Hoy se les promete, de nueva cuenta, realizar una investigación recurriendo al apoyo de la ONU -que ya fracasó y abandonó en un intento anterior-, con la motivación subyacente de no aceptar las crudas verdades establecidas por la CNDH cuando era independiente y actuar en consecuencia.

Por no darle la razón a esa CNDH, en las bóvedas de la Fiscalía General de la República permanecen desestimados los restos óseos recuperados en el basurero de Cocula y su entorno, que debieron ser enviados a Innsbruck para determinar si pertenecen o no a miembros del grupo de estudiantes.

En Coahuila está el caso del magno crimen de Allende, donde a 14 años ni las autoridades federales ni las estatales han determinado con precisión ni siquiera el número de víctimas del impune accionar criminal de los Zetas, en complicidad, al menos, con la mayor parte de los policías locales y la desidia del mando militar que se negó a actuar, el general Luis Cresencio Sandoval, elevado luego por López Obrador a Secretario de la Defensa.

Víctimas agravadas de los dos niveles de gobierno -estatal y federal- al no proteger a los familiares, cuando intentaron regresar tras buscar refugio y protección en Estados Unidos y otras zonas del país, fueron víctimas de nuevos crímenes.

A los deudos identificados les entregaron porciones de tierra y certificados de defunción ilegales, siguió una disculpa pública obligada por derechos humanos, pero los sobrevivientes siguen viviendo aterrorizados, con su vida económica destruida, tratados como indigentes por las autoridades cuando buscan realizar o agilizar trámites o rescatar sus propiedades, algunas de ellas en usufructo ilegal de extraños.

Incluso, como burla de facto, les conminan al pago de impuestos como el predial por propiedades que fueron destruidas, quedaron inhabitables o les fueron despojadas.

¿Se puede pensar que estas deudas de impunidad están en la óptica de juzgadores con el perfil politizado de una inepta Lenia Batres o de una transgresora como Yazmín Esquivel?

El problema es que ese es el tono general de la “nueva justicia”, que no representa un cambio gatopardista, sino que se visualiza peor.